Se está discutiendo en el Senado el proyecto de ley de Salud Mental Integral, que busca promover y proteger la salud mental, favoreciendo la inclusión social y un abordaje integral para quienes presentan enfermedades o trastornos de salud mental, con o sin discapacidad psíquica o intelectual.
¿Qué regula el proyecto?
- Política Nacional y Plan de Acción: se establece una Política Nacional de Salud Mental y un Plan de Acción Interministerial, con la creación de un Comité Interministerial encargado de coordinar políticas públicas en la materia. Esta institucionalidad busca articular la acción de distintos ministerios y organismos públicos para abordar la salud mental desde una perspectiva integral y de derechos humanos.
- Inclusión y vida independiente: el proyecto promueve la inclusión social y la vida independiente de las personas con trastornos de salud mental, impulsando la desinstitucionalización y el desarrollo de apoyos comunitarios y territoriales. Se refuerza la integración de la salud mental en todos los niveles del sistema de salud, con énfasis en la atención ambulatoria y domiciliaria.
- Derechos y atención preferente: refuerza los derechos de los pacientes, incluyendo la asesoría y representación judicial preferente para personas con discapacidad psíquica o intelectual, especialmente en procesos de hospitalización involuntaria.
- Nueva institucionalidad: se crea la Comisión Nacional y Comisiones Regionales de Protección de Derechos en Salud Mental, órganos asesores y de revisión de casos, con participación de expertos y sociedad civil.
- Actualización normativa: se modifican diversas leyes, entre ellas, la Ley 21.331 (derechos en salud mental), el Código Sanitario, y normas sobre hospitalización psiquiátrica, para precisar definiciones, ampliar el reconocimiento de condiciones cubiertas y reforzar la autonomía de los pacientes en la toma de decisiones sobre su salud mental.
Comentarios sobre el proyecto
- Desafíos de implementación: la amplitud de los objetivos y la creación de una nueva institucionalidad, generan dudas sobre su viabilidad práctica, especialmente por la falta de mecanismos concretos de financiamiento y el riesgo de aumentar la burocracia sin mejoras sustantivas en la atención.
- Desinstitucionalización, pero con resguardos: se impulsa un Plan de Desinstitucionalización, pero debiera reconocerse la necesidad de mantener la hospitalización en casos clínicamente necesarios, especialmente para la protección de personas en situaciones críticas.
- Ambigüedades en medidas afirmativas: el texto introduce referencias a “medidas afirmativas”, que pueden generar interpretaciones controvertidas, especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes, por la falta de precisión en su aplicación.
- Modernización y coordinación: la propuesta busca modernizar la red de servicios y coordinar acciones entre salud, educación, trabajo, vivienda, pero su éxito dependerá de la capacidad institucional y la asignación de recursos efectivos.
En síntesis, el proyecto de ley de Salud Mental Integral marca un avance en la regulación de la salud mental en Chile, pero enfrenta importantes desafíos para su implementación.
