El martes recién pasado la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto de ley que tiene por objeto prohibir el uso de la UF como mecanismo de reajustabilidad en una serie de contratos y prestaciones de largo plazo. Para ello, establece que la renta de arrendamiento de predios urbanos deberá fijarse en pesos (modificación a la Ley N° 18.101), obliga a que los aranceles, matrículas y cualquier otro cobro en establecimientos educacionales sean establecidos en moneda nacional (DFL N° 2, Ley N° 20.370), y dispone que las instituciones de salud deberán también fijar sus precios en pesos (DFL N° 1). Asimismo, prohíbe expresamente que los créditos hipotecarios y los contratos de salud previsional se pacten en unidades de fomento, obligando a estipularlos únicamente en pesos (DFL N° 3, Ley N° 19.496).
Pese a las múltiples advertencias técnicas sobre los efectos negativos de eliminar la UF —entre ellas, el encarecimiento del crédito (para cubrirse del riesgo inflacionario) y el desincentivo a la inversión de largo plazo (debido a la incertidumbre de los precios futuros)—, la Comisión de Economía aprobó la iniciativa con una ajustada mayoría. Respaldaron el proyecto el presidente de la comisión, Víctor Pino (Demócratas), y los diputados socialistas Daniella Cicardini, Daniel Manouchehri y Ana María Bravo, autores de la moción. También votó a favor Gonzalo Winter (Frente Amplio). En contra se pronunció únicamente el diputado Christian Matheson (independiente, bancada Evópoli), quien manifestó reparos frente a los impactos económicos de la medida.
La eliminación de la UF como mecanismo de reajustabilidad supone riesgos significativos para la estabilidad financiera y el acceso al crédito de largo plazo. Además, la eliminación de la UF no implica que los contratos no puedan ser reajustados en base a otros factores por lo que el proyecto de ley termina generando más fricciones, y no necesariamente logrará los objetivos que persigue. Más parece una medida populista de un grupo de legisladores ad portas de una elección parlamentaria.
La UF ha sido clave para mitigar el impacto de la inflación en contratos extensos, permitiendo el desarrollo de instrumentos financieros que han consolidado el mercado hipotecario y fomentado la inversión inmobiliaria. Asimismo, ha permitido reajustar de manera más simple una serie de contratos en distintas industrias. Sin este instrumento, los bancos y otras instituciones enfrentarían mayores dificultades para gestionar el riesgo inflacionario, lo que podría traducirse en un encarecimiento de los productos que ofrecen e imponiendo condiciones de financiamiento más restrictivas.
Esto afectaría en mayor medida a las familias de ingresos medios y bajos, en forma de menos acceso a la vivienda, salud y educación, trasladando esa incertidumbre directamente al precio cobrado a los consumidores y usuarios finales.
