La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto de ley que elimina el tope de la indemnización por años de servicio. Actualmente, la ley establece un pago equivalente a un mes de remuneración por cada año trabajado, con un tope de 11 meses y hasta 90 UF mensuales, calculado en base al último salario percibido. Por ejemplo, un trabajador cuyo último salario fue de $900.000 podría recibir casi $9,9 millones por este concepto. Con la aprobación de esta iniciativa, el monto de la indemnización podría aumentar aún más, al no existir un límite superior.
La propuesta, sin embargo, se aleja de las recomendaciones internacionales. Chile ya posee la indemnización por años de servicio más alta entre los países miembros de la OCDE, con una compensación por 10 años de antigüedad equivalente a 43,3 semanas de salario, frente a un promedio OCDE de 13,8 semanas. Es decir, la indemnización chilena triplica el promedio internacional. En contraste, países como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Austria, Suecia, Suiza, Bélgica, Estados Unidos, Italia, Japón, Noruega y Nueva Zelanda no contemplan este tipo de indemnización, mientras que los que sí lo hacen —como Estonia, Hungría, Polonia, Canadá, Reino Unido o Alemania— fijan montos muy inferiores. Por ejemplo, en Alemania la indemnización máxima es de 21,7 semanas, la mitad de lo que se paga en Chile.
Más aún, la eliminación del tope podría generar un impacto negativo especialmente sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 98,3% del parque empresarial nacional, según datos del Banco Central. En un contexto en que Chile ya ha implementado reformas laborales que han elevado los costos para las empresas —como el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y la reforma previsional—, sumar nuevas cargas económicas podría traducirse en mayor presión sobre el empleo, incentivando despidos, un menor ritmo de contrataciones y ajustes en las planillas salariales. Esto dificulta la sostenibilidad de las pymes, que son el motor principal de la economía y el empleo en el país.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya había recomendado a Chile reducir significativamente las indemnizaciones por años de servicio y fortalecer otros mecanismos, como el seguro de cesantía, además de mejorar la capacitación y la orientación para la reinserción laboral. La evidencia internacional muestra que los países han tendido a flexibilizar o suprimir este tipo de indemnizaciones, privilegiando sistemas más sostenibles y equitativos de protección al trabajador. En Chile, la coexistencia de la indemnización y el seguro de cesantía ha contribuido a un sistema de protección considerado como uno de los más rígidos y costosos del mundo, lo que puede dificultar la integración de jóvenes y trabajadores menos calificados al mercado laboral.
Finalmente, el debate sobre la conveniencia y eficacia del modelo actual de indemnización por años de servicio cobra especial relevancia en un contexto de menor crecimiento económico, mayor automatización de tareas y cambios profundos en el mercado laboral. La experiencia comparada y la opinión de organismos internacionales invitan a repensar la idoneidad de mantener un esquema instaurado hace más de 30 años, considerando la existencia de instrumentos complementarios como el seguro de cesantía, vigente desde 2001, y la necesidad de avanzar hacia mecanismos de protección laboral más equilibrados y adaptados a la realidad actual.
