Con amplio respaldo en la Cámara de diputados, paso a segundo trámite el proyecto de ley que tiene como fin complementar la ley que propone agilizar los permisos en materia de construcción aprobada en septiembre del 2024.

La moción propone, en primer lugar, separar la aprobación del Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) del permiso de edificación, trasladando su exigencia a la etapa de recepción final de las obras. Esta separación no implica que las obras de mitigación no se realicen, ya que seguirán siendo obligatorias al momento de la recepción definitiva. Lo anterior permite distinguir correctamente entre dos ámbitos distintos: el permiso de edificación, que regula desde la línea oficial del terreno hacia adentro, y el IMIV, que se refiere al impacto vial en el entorno, desde la línea del terreno hacia afuera.

Condicionar un proceso al otro ha demostrado generar demoras innecesarias, exigencias desproporcionadas e ineficiencias en la coordinación institucional. En muchos casos, la aprobación conjunta de permisos y mitigaciones termina siendo inviable por los tiempos y la falta de alineación entre organismos. La experiencia indica que separar ambos trámites, llevándolos en paralelo, mejora la gestión, reduce los tiempos en el desarrollo de proyectos y reduce los costos del proceso sin comprometer la calidad urbana ni la seguridad vial.

Durante la tramitación del proyecto, el Ejecutivo ha presentado indicaciones en dos oportunidades. La primera de ellas representa un avance en la dirección correcta, pero insuficiente en relación a la exigencia del IMIV. Si bien eximía a los proyectos de menor escala (IMIVs básicos) de contar con un IMIV aprobado para obtener el permiso de edificación, mantenía esta exigencia como requisito para iniciar las obras.  En la práctica, esto significa que se podría obtener un permiso, pero no ejecutar el proyecto, lo que contradice el propósito mismo de un permiso de edificación, genera incertidumbre jurídica y limita el desarrollo de los proyectos. Luego, el Ejecutivo presentó una nueva indicación que vino a agregar los incisos séptimo y octavo.

El nuevo inciso sexto del artículo 172 propuesto, mantiene la regla general. Esto es, la resolución que aprueba el IMIV sigue siendo requisito para otorgar el permiso. Sin embargo, el nuevo inciso séptimo establece una excepción: en proyectos con IMIV básico o intermedio, el informe será exigible sólo para la recepción de las obras.

Con ello se corrige un punto débil: el texto aprobado por la Comisión permite no solo obtener el permiso, y por la Sala de la Cámara, sino también ejecutar las obras en esas categorías, sin necesidad de contar previamente con el IMIV aprobado.

Lo anterior es coherente con el Plan de Emergencia Habitacional, en donde ya se aplica dicho criterio, sin que se haya comprometido la calidad de las obras. No hay razón para que esta excepción estuviera limitada a dicho plan: debiese extenderse al resto de los proyectos para evitar una discriminación regulatoria injustificada. Así lo estimaron las respectivas Comisiones y la Sala de la Cámara durante la tramitación de la Ley Fuenzalida I, lo que posteriormente fue rechazado en el Senado.

En segundo lugar, la moción regula los mecanismos de reclamación frente al rechazo de permisos de edificación o urbanización por parte de las Direcciones de Obras Municipales (DOM). El texto establece que dichos reclamos deberán presentarse ante la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo en un plazo de 30 días desde la notificación del rechazo.

La secretaría deberá resolver el reclamo fundadamente en un máximo de 40 días hábiles. En caso de acogerse el reclamo, podrá ordenarse la concesión del permiso respectivo previo al pago de los derechos municipales, con un descuento del 50%.

La resolución que resuelva la reclamación se debe remitir al particular interesado y al propietario del inmueble. Igualmente, a la Dirección de Obras Municipales, al alcalde y al concejo municipal respectivos.