La ministra (s) vocera de gobierno, Aisén Etcheverry, en más de una ocasión ha defendido la labor de la actual administración en materia de seguridad diciendo: “hemos aumentado en un 15% el presupuesto de seguridad”1.Una declaración que se suma a otras, realizadas incluso por el presidente en la Cuenta Pública, en que se argumenta que en estos últimos tres años se han materializado los mayores aumentos presupuestarios en esta materia.
Lo cierto es que estas afirmaciones no encuentran asidero en los datos oficiales. Por el contrario, al revisar los informes de las finanzas públicas de la DIPRES podemos observar, en primer lugar, que el gasto en orden público y seguridad2 no solo ha tenido un aumento menor (9%) que el declarado por el gobierno entre los años 2022 y 2024, sino que dicho aumento responde más bien a una recuperación del nivel de gasto que existía antes de la pandemia, que debió reducirse a causa de las nuevas prioridades que esta impuso, y no a un aumento excepcional en los recursos. Con todo, el gasto realizado en orden público y seguridad del 2024 no logra superar al existente el año 2019.
Por otro lado, es posible constatar que este gasto, al analizarlo como porcentaje del gasto total del gobierno central, resulta ser menor estos últimos tres años que lo registrado antes de la pandemia (7%). Es decir, no solo se han gastado menos recursos, sino que el énfasis presupuestario que el gobierno ha puesto en seguridad ha sido menor que el existente en periodos anteriores.
En cuanto a los servicios de policía3 se observa un fenómeno similar. El gasto destinado a estas instituciones en los últimos tres años no supera a aquel registrado antes de la pandemia. Similarmente, si se analiza este gasto como porcentaje del del gasto total del gobierno central, es posible afirmar que el énfasis presupuestario que las actuales autoridades han puesto en las policías se encuentra por debajo del existente el año 2019.
En otro ángulo, si llevamos los porcentajes del gasto total del gobierno central en estas materias a nivel de promedios anuales y, con estas cifras, comparamos los distintos gobiernos, podemos observar que el gasto en orden público y seguridad de la administración de Gabriel Boric resulta ser el más bajo desde el gobierno de Eduardo Frei. Asimismo, el gasto en servicios de policía es el más bajo desde que se tienen registros. En otras palabras, a pesar de las declaraciones y discursos de las autoridades, la prioridad presupuestaria que el gobierno ha dado al orden público y la seguridad ha demostrado ser la más baja en, al menos, los últimos 20 años. En el caso de nuestras policías, la prioridad que les ha entregado este gobierno es la más baja desde el retorno a la democracia.
En un análisis más específico aún, si observamos la evolución del gasto ejecutado en proyectos de inversión de las policías (construcción o reposición de comisarías, retenes o tenencias) y en activos no financieros (vehículos, maquinas, mobiliario o tecnología) podemos constatar que tampoco existe un gasto excepcional en estas dimensiones por parte del actual gobierno. En el caso de los proyectos de inversión, en ninguno de los últimos tres años se logra ejecutar una cifra más alta que la registrada el 2021 y, en el caso de los activos no financieros, si bien existió un aumento de los recursos, estos no superaron la cifra ejecutada el año 2018.
