El proyecto de ley que reajusta el salario mínimo fue despachado a tercer trámite constitucional, tras el rechazo de dos disposiciones relevantes: la modificación al Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas, y la creación de un Observatorio de Ingresos y Costo de la Vida. Estas materias fueron objetadas por su escasa justificación técnica, alto potencial de burocratización y posible duplicidad institucional.
El proyecto propone un incremento del salario mínimo en dos etapas: primero, a $529.000 a partir del 1° de mayo de 2025, y luego a $539.000 desde el 1° de enero de 2026. No obstante, se rechazó el nuevo criterio de asignación de recursos del Fondo de Formación Sindical, que buscaba destinar el 40% de sus fondos exclusivamente a proyectos impulsados por organizaciones sindicales cuyos directivos acreditaran formación en diálogo social, lo cual habría restringido la participación y concentración de recursos en ciertos actores, sin asegurar mejores resultados.
Asimismo, fue rechazada la creación del Observatorio de Ingresos y Costo de la Vida de los Trabajadores, instancia de carácter técnico propuesta como parte del Consejo Superior Laboral. Su objetivo era generar información sobre ingresos familiares, condiciones financieras y bienestar social, mediante indicadores y publicaciones periódicas. Sin embargo, su creación habría implicado una expansión innecesaria del aparato estatal, duplicando funciones que perfectamente podrían ser absorbidas por las estructuras ya existentes. Además, la incorporación de cuotas de género en un organismo definido como técnico pone en entredicho su independencia profesional y su eficiencia operativa.
Por otro lado, se incorporó una indicación que establece que, en un plazo de ocho meses desde su publicación, el Ministerio de Hacienda, junto con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, deberá presentar ante las comisiones del Congreso un informe sobre los efectos del incremento del ingreso mínimo en variables clave como el empleo formal, la informalidad laboral y la estructura salarial. Esta evaluación resulta pertinente y necesaria para orientar futuras decisiones de política salarial con base en evidencia empírica y criterios de sostenibilidad.
En todo caso, es importante tener presente que el proyecto de ley carece de una evaluación integral respecto del impacto acumulado que genera el alza del salario mínimo en conjunto con otras reformas laborales recientemente aprobadas o en discusión, como la reducción de la jornada a 40 horas y el incremento gradual de las cotizaciones previsionales. Este aumento simultáneo de los costos laborales formales se produce en un escenario de baja productividad y débil dinamismo del empleo, especialmente en sectores intensivos en mano de obra. La falta de coordinación entre estas medidas introduce rigideces que afectan particularmente a las pequeñas y medianas empresas, y reduce las oportunidades laborales para trabajadores de menor calificación.
