Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, sobre el escándalo de los permisos de salud.

Gran revuelo causó el informe de la Contraloría General de la República, al revelar que, entre 2023 y 2024, un total de 25.078 de empleados públicos viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica. Según explica Pablo Eguiguren, director de políticas públicas de Libertad y Desarrollo, durante 2023, por concepto de licencias médicas, se gastaron $2.859.471 millones, lo que equivale a un 1% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2023 y, en términos reales, subió un 43% entre 2019 y 2023. “El alza anual promedio entre estos dos años fue de 8,6%”, precisa. “De los siete puntos que se cotizan, el sistema de licencias médicas requirió 3,2, lo que significa que 46% se destinaron a pagar licencias médicas, dejando menos recursos para el resto de las demandas del sector de la salud. En el caso de Fonasa, ese porcentaje se eleva al 53%”, advierte Eguiguren, quien añade que para levantar los indicadores utilizaron cifras de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).

¿Existe alguna posibilidad de modernizar el sistema para evitar estas situaciones?

“Los abusos y fraudes que se conocieron estos últimos días son inaceptables. Efectivamente, están vinculados a lo que sucede en el sector público, lo que no quiere decir que en el privado no existan irregularidades, por ejemplo, en fiscalía hay un caso sobre empresas de fachada que utilizan el mecanismo de las licencias médicas para enriquecerse de manera ilícita. Es una oportunidad para repensar el sistema actual y, a mi modo de ver, requiere de dos aristas: mejorar la fiscalización, no puede ser que no sea posible cruzar los datos entre la Policía Internacional, que hace el control fronterizo, y los de Fonasa e isapres. No impediría que la persona saliera del país, pero sí puede levantar alertas. La segunda tiene que ver con que los incentivos están puestos para que se produzcan estos abusos”.

¿Por qué?

“Para evitar que se sobreextiendan las licencias, que son importantes para que el afectado recupere su salud y no vuelva a trabajar antes de tiempo, porque, especialmente, en el caso de las enfermedades contagiosas, generaría problemas con el resto de sus colegas si retornara. Los médicos siempre tendrán el incentivo para entregar un permiso más largo, para sobreasegurarse de la recuperación de su paciente, pero el que la extienden parece olvidar que los recursos que se necesita para financiarlas, los ponemos todos, a través de nuestra cotización y de los impuestos. Además, pediría una segunda opinión de un especialista, en aquellos casos en los cuales el diagnóstico es más impreciso, como las que están asociadas a la salud mental y a enfermedades osteomusculares, como un lumbago, que son prácticamente dos tercios del gasto en licencias médicas. Probablemente, no se podrá hacer en todos los casos, pero si se hace una muestra, funcionará como un disuasivo y ayudaría a una correcta fiscalización.

Actualmente, gastamos casi US$ 3 mil millones en licencias médicas y, prácticamente, la mitad de la cotización que hacemos todos, me refiero al 7% obligatorio, se destina a ellas. Eso implica que tenemos menos recursos para atender listas de espera, financiar remedios de altos costos e incluso para otras necesidades que van más allá del sector de salud y, por el lado de las personas, con la licencia médica se mantiene el 100% del sueldo”.

Eso ocurre con los trabajadores del sector privado siempre y cuando su ingreso no supere el tope imponible...

“Hay pocos incentivos para que el trabajador se reintegre rápidamente, siendo más fuerte en el sector público que en el privado. En este último, si se gana menos de $2.000.000 y tantos, se recibe la remuneración íntegra. Esta situación no es lo usual en los países miembros de la Ocde, por ejemplo, en Canadá y Nueva Zelanda se cancela el 50% del valor, lo que se puede complementar según lo acordado entre la empresa y los trabajadores, elevándose el porcentaje a una cifra cercana al 70%, en promedio. Este porcentaje también calza con las coberturas que tiene el Seguro de Cesantía o el de Invalidez, por lo tanto, desde el punto de vista de los empleados, también hay un estímulo perverso que se refuerza, porque además las licencias pueden ser ilimitadas en Chile”.

¿Hasta cuánto pueden durar en otros países?

“Máximo un año, con algunas excepciones, un año y medio, pero no como en Chile, que se puede alargar eternamente. Además, las empresas también deberían jugar un rol, ya que cuando el empleado tiene una licencia, el salario lo paga Fonasa o la isapre, por ende, hay pocos incentivos para las compañías, más allá del costo del reemplazo, porque se ahorran el salario. Deberían estar más preocupados de que sus trabajadores estén sanos y, al mismo tiempo, evitar estos fraudes.

Por ejemplo, en Australia o en Suecia, los primeros días de licencia médica son con cargo al empleador, por ende, la fiscalización es mucho más rigurosa”.

No siempre se busca a un reemplazante...

“Personalmente, me ha tocado trabajar en empresas en las cuales la política era no traer a otra persona que cubra la ausencia, entonces, ahí se generaba cierto ahorro. Como termina pagando moya, hay pocos incentivos que lleven a que se use este beneficio de forma racional”.

¿Existe posibilidad de conseguir que se reintegre el dinero producto de las licencias fraudulentas?

“En los casos que conocimos estos días, será bien costoso, porque los 25.000 casos de personas que han salido al extranjero, tienen que pasar por un sumario, porque puede haber algunos en que la salida del país esté justificada para hacerse un tratamiento. Probablemente, no se logre recuperar toda la plata”.

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Extracto de la entrevista realizada por el Diario Las últimas Noticias.-