Este domingo 1° de junio el Presidente Gabriel Boric dará su última cuenta pública al país. Este hito suele ser un ejercicio para que los mandatarios intenten delinear cuál será el legado de sus administraciones. Una tarea que, en el caso del actual Gobierno, es particularmente difícil dado los escasos logros en las principales prioridades de la ciudadanía y más aún en el contexto de los recurrentes escándalos de corrupción (casos Convenios y ProCultura) que actualmente investiga la justicia.
Si se analizan las principales prioridades de la ciudadanía, el Gobierno del Presidente Boric tiene un saldo negativo. Los delitos violentos y las listas de espera en salud están en máximos históricos; el crecimiento económico, por el contrario, no repunta y el empleo crece a su menor ritmo desde que existen datos comparables. A ello se suma un alza de la percepción de corrupción y los problemas que no han podido ser resueltos para controlar la inmigración ilegal y los desafíos que persisten en educación.
A continuación, se muestra cómo en cada una de las dimensiones estudiadas, Chile no ha avanzado. Por el contrario, los datos demuestran que en muchas de ellas el país está peor que hace tres años.
1. Seguridad. La crisis de seguridad pública que vive el país es la mayor preocupación de los chilenos, según la encuesta CEP recientemente publicada[1]. Ello es predecible considerando que durante 2024 la suma total de delitos violentos (homicidios, violaciones, robos con violencia y lesiones) volvió a aumentar y alcanza su registro más alto de los últimos diez años con más de 196 mil casos. Este es un indicador indiscutible de que el Plan Calles sin Violencia, la propuesta del gobierno para contener la delincuencia, no ha dado resultados.
Además, el nuevo Ministerio de Seguridad fue una oportunidad perdida, ya que su institucionalidad presenta flancos, como el aumento de la supervisión civil sobre la gestión policial, lo que afecta la autonomía de Carabineros y la PDI. Además, la creación del SEREMI de Seguridad debilita la labor de los delegados regionales, por lo que no es evidente que vaya a ser una ayuda para combatir la delincuencia y el crimen organizado.
Finalmente, el gasto en orden y seguridad de la actual administración, medido como porcentaje del gasto total del gobierno central, es el más bajo desde el Gobierno de Eduardo Frei, lo que contrasta con el énfasis comunicacional que ha puesto el Gobierno sobre el aumento de gasto en el área, que solo ha servido para la baja registrada durante los años de pandemia.
2. Inmigración. Mientras la migración sea regular, aporta a los países que la reciben. Sin embargo, cuando esta es ilegal y tiene un nivel de crecimiento que excede las capacidades del país receptor, se vuelve un problema. Lamentablemente, es esto último lo que hemos visto en Chile, dado que el Gobierno no ha logrado controlar las fronteras.
Según cifras de la PDI, en los últimos tres años ingresaron ilegalmente al país 127 mil personas, una cifra mucho mayor a la registrada durante la suma de los cuatro años anteriores (87.792).
Esto ha incrementado fuertemente la población migrante en el país que supera los 1,9 millones de personas (9,6% de la población total), donde más de la mitad (57%) vive en la Región Metropolitana. Según estimaciones del Sermig, de ese total hay 336 mil extranjeros irregulares lo cual representa un 17,6% del total de la población migrante. Lo anterior se traduce en un aumento equivalente a más de 30 veces la cifra que se registraba el año 2018.
3. Salud. Ha sido un flanco permanente durante la actual administración. Los fallos de la Corte Suprema de fines de 2022 y mediados de 2023 pusieron en riesgo la continuidad de las Isapres, lo que ha generado incertidumbre entre los afiliados a las aseguradoras privadas y un riesgo sistémico que puede terminar afectando también a los usuarios de Fonasa. Lo anterior, unido a un mercado laboral débil, generó una masiva migración de usuarios hacia Fonasa que sigue sin poder asegurar a sus afiliados una atención de salud oportuna.
De hecho, las listas de espera han crecido fuertemente durante este Gobierno: entre el primer trimestre de 2022 y el último trimestre de 2024 el número de personas en lista de espera subió un 25% (equivalente a 522 mil personas). Entre las prestaciones cuya oportunidad está garantizada legalmente por el Estado (forman parte del GES), el número de personas en lista de espera subió un 22%. En este contexto, de poco sirve la ampliación de la gratuidad en los hospitales del Estado (denominado “Copago Cero”), porque, si bien la atención es gratuita, casi 2,6 millones de personas permanecen en las listas de espera esperando por atención.
4. Empleo. Aunque el Gobierno ha celebrado la aprobación de leyes que disminuyeron la jornada laboral e incrementaron el sueldo mínimo, el problema es que esas medidas benefician únicamente a quienes tienen un empleo formal, puestos de trabajo que no se están creando: El número de ocupados aún se encuentra bajo los niveles previo a la pandemia, faltando cerca de 150.000 empleos por recuperar[2].
La tasa de ocupación laboral del trimestre febrero-abril es de 56,7%, con una importante brecha entre hombres y mujeres, pues menos del 50% de las mujeres que se encuentran en edad de trabajar lo hacen. La tasa de desempleo se ha mantenido muy por sobre sus promedios históricos (6,9%), ubicándose en el último dato en 8,8%, 0,3 pp. por sobre el registro de hace un año atrás.
Además, y de la mano de una economía menos dinámica, el crecimiento de los ocupados continúa desacelerándose, creándose en los últimos doce meses solo 20.000 nuevos puestos de trabajo, el registro más bajo desde que se tienen registros históricos del INE[3]. La informalidad sigue siendo un problema relevante, pues son más de 2.400.000 personas que trabajan de manera informal, con los problemas que eso significa en temas de protección social, como salud y pensiones. Estos antecedentes muestran que el país requiere volver a crecer para generar empleos formales y estables.
5. Corrupción. El combate a las malas prácticas en el ejercicio del poder, entre ellas la corrupción, fue uno de los ejes centrales del Frente Amplio. Sin embargo, el ímpetu juvenil, sumado a la convicción de poseer una “moral superior”, no solo resultó estéril en términos de mejoras en la prevención de la corrupción, sino que también abrió espacio para que en esta administración se produjeran importantes casos de faltas a la probidad y mal uso de recursos públicos con fines políticos o privados, como el Caso Convenios y, más recientemente, el ProCultura, donde se investiga la eventual malversación de recursos públicos con la finalidad de financiar campañas y actividades políticas.
En los últimos años, Chile ha retrocedido en los rankings internacionales de percepción de corrupción. Más allá de la conformación de una Comisión Asesora Presidencial para abordar el problema-con un lento avance de las medidas propuestas-el Gobierno ha sido incapaz de impulsar medidas eficaces para revertir esta tendencia. Esto se refleja, por ejemplo, en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que evalúa a 180 países según los niveles de corrupción en el sector público. En el caso de Chile, la percepción de corrupción ha subido sostenidamente (retrocedimos del puesto 20° en 2012 al 32° el año pasado), mientras países como Uruguay han logrado disminuirla (en 2012 estábamos empatados en el 20° lugar y ahora ellos están en el 13° puesto). Esto muestra un preocupante deterioro de la posición de Chile en el contexto internacional.
Un patrón similar se refleja en la Encuesta de Corrupción 2024 realizada por Libertad y Desarrollo, que reportó el mayor nivel de percepción de corrupción desde la creación del estudio, con una calificación de 7,2 en una escala de 0 (nula corrupción) a 10 (corrupción total).
El Gobierno ha creado comisiones y enviado proyectos de ley que se discuten en el Congreso, pero hasta el momento no se han generado aún medidas concretas que puedan revertir este bajo dinamismo de la actividad ni incentivar la inversión, salvo el subsidio a la tasa de interés para la adquisición de vivienda nuevas. La evolución de inversión total es una de las principales razones del estancamiento económico y seguirá impactando en los próximos años: el Banco Central estima que para el periodo 2025-2034 la expansión del PIB tendencial sería de sólo 1,8%, no muy distinto del bajo ritmo de crecimiento actual que afectará la generación de empleos y crecimiento de salarios.
Finalmente, los ingresos fiscales, menores a lo esperado debido al bajo dinamismo de la economía, la errónea proyección de los ingresos y el descontrol del gasto público, han profundizado más aún la delicada situación fiscal. En 2024 anotó un déficit efectivo de 2,8% del PIB, una cifra alta en términos históricos para un año sin crisis económica, lo que da cuenta del desequilibrio fiscal. Ello ha requerido echar mano al Fondo de Estabilización Económica y Social -que se encuentra en su mínimo histórico 1,1% del PIB-, llevando la deuda pública a 41,7% del PIB.
7. Educación. La reactivación educativa post pandemia y la mejora de la educación pública fueron los principales compromisos del programa de gobierno del Presidente Boric, sin embargo, ninguno de ellos registra avances. La asistencia promedio a clases de 2024, pese a una leve mejora, sigue por debajo del año 2018, con más de 800 mil alumnos (cerca del 28%) con inasistencia grave[4].
Por su parte, el SIMCE mostró resultados mixtos, con una importante alza en 4° básico, mientras en 6° básico y II° medio los puntajes siguen por debajo del nivel prepandemia. El Plan de Reactivación ha sido insuficiente, e incluso fue cuestionado por la Contraloría por su baja cobertura, escasa asignación de recursos y poca transparencia.
Respecto a la educación pública, continúan los paros en distintos SLEP y los últimos resultados de la Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES) muestran el deterioro persistente de los Liceos Emblemáticos: entre los mejores rankeados, el Instituto Nacional cayó desde la posición 19° de 2010 hasta el puesto 317° en 2025 y el Liceo Carmela Carvajal cayó desde el lugar 64° hasta el 423°.
En educación parvularia, en tanto, se prometió equiparar el financiamiento y ampliar la cobertura, nada de lo cual ha ocurrido. De hecho, el último año se aceleró la caída de la cobertura en prekínder y kínder. En tanto, en educación superior el compromiso de condonar las deudas del CAE se convirtió en un proyecto de ley que crea un impuesto a los egresados para costear la gratuidad, el que de aprobarse representaría una amenaza no sólo a la sostenibilidad del sistema sino también al equilibrio fiscal.
EXTRA: ANUNCIOS A PARTIR DE INFORME DE LA COMISIÓN PARA LA PAZ Y EL ENTENDIMIENTO
Si bien el informe contiene medidas que constituyen un avance, las recomendaciones están lejos de cerrar el conflicto. Más aún algunas de las medidas propuestas y la vaguedad con las que se proponen, dependiendo de cómo se interpreten, podrían ser fuente de nuevos y permanentes problemas. Por ello es relevante estar atento al contenido más específico de los proyectos de ley que se ha anunciado se presentarán al Congreso.
Con todo, los titulares de esas propuestas -creación de seis instituciones nuevas, un enorme esfuerzo fiscal de US$4 mil millones para compra de tierras y las prerrogativas para los pueblos originarios (representación política paralela, autogobernanza y derechos colectivos)- arriesgan ser fuentes de nuevos conflictos más que herramientas para lograr la paz en la zona.
[1] Encuesta CEP 93. Marzo – Abril 2025.
[2] Considerando la tasa de ocupación promedio del periodo prepandemia.
[3] Sin considerar el periodo afectado por la pandemia.
[4] Fuente: Informe de asistencia del Centro de Estudios del Mineduc.
