Chile enfrenta un escenario desafiante: aumento del envejecimiento, mayor expectativa de vida y reducción sostenida de la natalidad. Estos cambios implican una creciente demanda por servicios de cuidado, tanto para personas mayores, como para personas con discapacidad y dependientes de todas las edades. El proyecto en discusión no solo entrega respuestas insuficientes frente a estos desafíos, sino que también podría generar nuevas dificultades o profundizar las existentes.
Contenidos y orientación del proyecto.
El proyecto busca reconocer el “derecho al cuidado” (En su triple dimensión: cuidar, ser cuidados y autocuidarse) como derecho universal y progresivo. Crea un nuevo Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, con una estructura institucional compleja y centralizada. Esta estructura incluye:
- Una Secretaría Técnica dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
- Un Comité Interministerial.
- Consejos de la Sociedad Civil y Comités Regionales.
El proyecto, en vez de construirse sobre un criterio de focalización, lo hace sobre un criterio de universalidad: el proyecto contempla una expansión de la Red Local de Apoyos y Cuidados, de los actuales 6.360 beneficiarios a más de 74.500 personas registradas (según el Registro Social de Hogares, abril 2024), sin una clara priorización por nivel socioeconómico.
Sobre este punto, resulta relevante la conclusión del Panel de Expertos para Mejoras al Instrumento de Focalización del Registro Social de Hogares, que concluye que “se requiere mejorar la confiabilidad del dato”[1] , lo anterior, ya que el RSH se construye a partir de datos autodeclarados, y administrativos. Este instrumento no es una herramienta óptima de focalización, especialmente por el masivo ingreso de hogares con ocasión de la entrega de los ingresos familiares de emergencia (IFE) durante la pandemia.[2]
Puntos del proyecto que resultan inquietantes.
a. Fuerte carga ideológica.
El texto se estructura sobre principios como la “corresponsabilidad de género”, abarcada en el proyecto como un reconocimiento a la desigual repartición de cargas de cuidados entre hombres y mujeres, y en virtud de la cual, se deberá promover la igualdad de género, especialmente en la distribución de responsabilidad en materia de cuidados; y por otro lado, la “interseccionalidad”, estableciendo que deben considerarse factores como la identidad de género, edad u orientación social al diseñar e implementar políticas públicas.
- En la práctica, al momento de decidir en quién invertir los recursos fiscales, se va a optar por quien cumpla con los criterios del principio de interseccionalidad, por sobre aquel que se encuentre en condiciones vulnerables.
b. Centralización excesiva y desplazamiento del rol familiar.
El proyecto atribuye al Estado un rol protagónico en la provisión y organización del cuidado, desplazando a las familias y a la sociedad civil. Adicionalmente, el proyecto de ley excluye a las instituciones privadas con fines de lucro.
- Se omite el derecho preferente de los padres en la crianza, y se expande el concepto de dependencia, incluyendo a todo niño, niña o adolescente sin plena autonomía, sin reconocer los deberes y responsabilidades familiares consagrados en la Constitución Política y el Código Civil. En este sentido, debemos recordar que de acuerdo al artículo primero de la Constitución, las políticas públicas deben mirar primero a la familia, luego a los grupos intermedios y finalmente, al Estado.
c. Ausencia de diagnóstico y evaluación institucional.
No existe una evaluación previa sobre la eficiencia y cobertura de los programas actuales, dentro de los que encontramos programas focalizados como la Red Local de Apoyos y Cuidados, el Estipendio de Cuidadores, y el Programa de Cuidados Domiciliarios, los que operan bajo principios de priorización económica y de dependencia severa, permitiendo destinar recursos a quienes más lo necesitan. Por otro lado, tampoco se consideran estadísticas concretas que sustenten que una macroestructura estatal -como la que introduce el proyecto- sea más efectiva, y necesaria.
- Esto impide identificar brechas reales y puede reproducir las falencias que existen actualmente, sin una estrategia clara de mejora continua.
d. Sostenibilidad económica comprometida.
El informe financiero revela una disminución significativa del gasto per cápita, de $1.961.020 anual actualmente a $877.400 por persona con la expansión de beneficiarios propuesta.
- Esto contradice el objetivo de mejorar los cuidados, y refuerza que se está priorizando la creación de una estructura burocrática y la ampliación del número de beneficiarios por sobre el fortalecimiento de apoyos directos a quienes realmente requieren el apoyo del Estado en esta materia.
e. Creación de una nueva burocracia sin aprovechar la red existente.
El proyecto crea todo un aparataje estatal, que introduce nueva burocracia, y cuya necesidad resulta cuestionable, en un contexto de escasez de recursos fiscales. La institucionalidad proyectada se superpone con programas vigentes, sin articularlos, ni evaluar su desempeño.
- Lo anterior implica una duplicación de funciones, un mayor costo administrativo, y un riesgo de ineficiencia en la ejecución de recursos públicos.
Conclusiones
- El proyecto de ley se basa en un diagnóstico insuficiente y propone un diseño institucional que puede agudizar los problemas actuales.
- No prioriza a los más vulnerables, sino que introduce diferencias basadas en criterios identitarios.
- No mejora directamente las condiciones de los cuidadores ni de las personas dependientes.
- No asegura eficiencia ni sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.
[2] El RSH está compuesto por un total de 9.064.078 de hogares, que corresponden a 17.135.966 de personas (85% de la población total de Chile)
