El pasado 21 de abril de 2025, en el contexto de la Estrategia de Política Económica y Financiera Internacional, el Ministerio de Hacienda informó que el Gobierno priorizará, durante el resto de su mandato, la tramitación de diez proyectos de ley que considera claves para impulsar la actividad económica y el crecimiento de largo plazo. A continuación, presentamos y comentamos los principales aspectos sobre el listado de “proyectos priorizados”. El gran ausente de este listado, es la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se analiza al final.
1. LEY MARCO DE AUTORIZACIONES SECTORIALES (“PERMISOLOGÍA”)
Resumen:
El proyecto busca ordenar los permisos sectoriales (excluyendo los permisos ambientales) y sus procedimientos, estableciendo normas mínimas de tramitación. Entras las medidas, se propone la fijación de plazos máximos, la introducción de reglas de silencio administrativo, permitir la tramitación paralela de permisos, el uso de declaraciones juradas en proyectos de bajo riesgo en reemplazo de permisos, un procedimiento ágil para ciertos proyectos de inversión, la creación de una ventanilla única para permisos sectoriales y la instalación de una nueva Oficina de Autorizaciones Sectoriales, entre otras iniciativas.
Observaciones de mérito:
El proyecto representa un avance positivo hacia la estandarización de normas y procedimientos en materia de permisos sectoriales. Sin embargo, su impacto será moderado y su implementación requerirá tiempo.
La nueva Ley Marco se aplicará de manera supletoria, es decir, solo en lo que no esté regulado por las leyes sectoriales vigentes. Si una ley sectorial establece plazos distintos e incluso más extensos, estos prevalecerán.
Asimismo, diversas medidas contempladas en el proyecto requerirán modificaciones legales y reglamentarias adicionales, por lo que los efectos de la reforma podrían materializarse plenamente recién en 2 o 3 años.
Entre los aspectos positivos incorporados durante la tramitación destaca la creación de un régimen de estabilidad regulatoria por hasta 8 años para proyectos de inversión con permiso ambiental aprobado (Resolución de Calificación Ambiental), y la introducción de incentivos para mejorar el desempeño de los órganos públicos responsables de otorgar permisos, tales como la aplicación de multas a jefaturas por demoras injustificadas y la inclusión de indicadores de tiempos de tramitación en los mecanismos de gestión pública. No obstante, el proyecto no aborda la problemática de la judicialización de proyectos de inversión.
Estado de tramitación: En segundo trámite constitucional en discusión particular, Comisión de Hacienda del Senado (boletín 16.566-03).
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2. CREAR AGENCIA DE CALIDAD DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Resumen:
Se crea un nuevo órgano independiente y técnico encargado de articular la evaluación de diseño, impacto y eficiencia de las políticas y programas que el Estado ofrece a la ciudadanía, además de promover buenas prácticas regulatorias y fomentar la productividad. La nueva Agencia será la continuadora de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad.
Observaciones de mérito:
Existe un consenso amplio respecto a la necesidad de crear esta nueva Agencia, que representa un avance significativo en la modernización del Estado. No obstante, su valor dependerá de su capacidad real para desempeñarse como un evaluador externo del desempeño del Estado y los gobiernos. Para ello, su autonomía e independencia son esenciales, así como la legitimidad técnica y política de sus evaluaciones y recomendaciones.
El diseño institucional propuesto presenta debilidades en este aspecto. El Gobierno ha planteado que los miembros del Consejo que dirigirá la Agencia, su presidente y el director ejecutivo sean nombrados por el Presidente de la República a partir de ternas del sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Para fortalecer la independencia del órgano, proponemos que los consejeros sean designados con acuerdo del Senado, y que el director ejecutivo sea elegido por el propio Consejo.
Adicionalmente, aún no se ha definido el régimen laboral de los funcionarios de la Agencia. La Cámara de Diputados rechazó la aplicación del Estatuto Administrativo. Consideramos que el régimen del Código del Trabajo sería el más adecuado, ya que permitiría atraer mejores talentos y otorgaría mayor flexibilidad para cumplir adecuadamente sus funciones técnicas.
Estado de tramitación: En segundo trámite constitucional en discusión general, Comisión de Hacienda del Senado (boletín 16.779-05).
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3. CREAR AGENCIA DE FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO (“AFIDE”)
Resumen:
Esta nueva Agencia tiene por objetivo suplir las limitaciones actuales de CORFO en la administración y gestión de instrumentos financieros públicos para el desarrollo. Para ello, AFIDE contaría con un directorio de perfil más técnico y menos político, facultades para emitir títulos de deuda como mecanismo de financiamiento, y nuevos instrumentos para apoyar diversos actores económicos, tales como créditos de primer piso, adquisición de títulos de deuda de entidades financieras e inversión en fondos de fondos (funds of funds). Además, se crea el Fondo de Garantía para el Desarrollo (FOGADE).
Observaciones de mérito:
Un cambio relevante respecto a lo que existe hoy es que AFIDE podrá otorgar financiamientos directos (créditos de primer piso) para proyectos de gran envergadura, principalmente a través de créditos sindicados. Si bien esto amplía las posibilidades de apoyo al desarrollo, también representa riesgos significativos para las finanzas públicas, como ha demostrado la experiencia de CORFO.
Se faculta a AFIDE a emitir deuda, sujeta a autorización de la Comisión para el Mercado Financiero, reforzando su independencia, aunque introduce riesgos fiscales adicionales. Si bien estos instrumentos no contarían formalmente con garantía estatal, subsiste una obligación implícita que podría afectar la percepción de riesgo país.
Además, aunque sus recursos no se integrarán al presupuesto nacional, la deuda emitida por AFIDE constituirá endeudamiento público. Finalmente, en materia de gobernanza, persiste una influencia política relevante, que el Presidente de la República podrá nombrar directamente a dos directores y al presidente del directorio, sin mecanismos externos de contrapeso.
Estado de tramitación: En segundo trámite constitucional en discusión general, Comisión de Hacienda del Senado (boletín 16.889 -05).
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4. CONCESIONES MARÍTIMAS Y BORDE COSTERO
Resumen:
La propuesta del Ejecutivo transfiere las facultades de administración del borde costero y de otorgamiento de concesiones marítimas desde la Subsecretaría de Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa a un nuevo departamento dentro del Ministerio de Bienes Nacionales (MBN). El objetivo es centralizar la administración de bienes fiscales y de uso público, simplificando la tramitación de concesiones. La fiscalización, sin embargo, seguirá a cargo de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas.
Observaciones de mérito:
El cambio de ministerio puede ser razonable dada la experiencia del MBN en la gestión de bienes fiscales, pero no garantiza mejoras sustantivas si no se incorporan medidas para agilizar la tramitación, como delegar la firma de concesiones en el subsecretario o racionalizar los permisos.
Además, la propuesta genera dudas respecto a eventuales espacios de discrecionalidad en los reglamentos y sobre la efectividad de los cambios procedimentales para acelerar la entrega de concesiones.
Finalmente, mantener divididas las potestades de otorgamiento (en MBN) y fiscalización (en Defensa), junto con radicar las sanciones en MBN, podría generar problemas de coordinación y afectar la certeza jurídica de los concesionarios.
Estado de tramitación: En segundo trámite constitucional en discusión general y en particular, Comisión de Medio Ambiente del Senado (boletín 8.467 -12).
5. LEY DE PATRIMONIO CULTURAL
Resumen:
La indicación sustitutiva del Ejecutivo prioriza la actualización de la legislación de Patrimonio Cultural, actualmente en etapa de recopilación de las conclusiones de los procedimientos de consulta ciudadana y consulta indígena. Se proponen cambios en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y en los permisos que dependen del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).
Observaciones de mérito:
El CMN es el tercer organismo con mayor cantidad de solicitudes de permisos recibidas durante el período estudiado en el último informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Por ende, reformular cómo trabaja este organismo es fundamental. Y lamentablemente, el proyecto del Ejecutivo no apunta en la línea correcta. Se debe modificar su composición, de modo tal de reducir el número de sus integrantes de 23 a no más de 10 personas, debiendo ser elegidos por el Presidente de la República de una terna elaborada por ADP, desde un perfil que defina nítidamente los conocimientos y experiencia exigida para integrar dicho consejo, equilibrando el impacto patrimonial, social y económico de los proyectos. Ello contribuiría a simplificar el proceso de toma de decisiones y garantizar una mayor imparcialidad y expertise de sus miembros. Además, se deben precisar los conceptos involucrados y los objetos de protección que son de competencia del CMN.
Estado de tramitación: En segundo trámite constitucional en discusión general y en particular, Comisión Cultura del Senado (boletín 12.712-24).
6. SISTEMA NOTARIAL Y REGISTRAL
Resumen:
El proyecto de ley, ingresado por el Presidente Sebastián Piñera en 2018, tiene por objetivo reducir las barreras de entrada, evitar la discrecionalidad en los nombramientos, perfeccionar el sistema de fiscalización, aumentar la competencia en el sistema notarial, disminuir asimetrías de información incorporando estándares de transparencia y probidad y modernizar la actividad notarial y registral.
Observaciones de mérito:
El proyecto es adecuado en cuanto la modernización del sistema registral. . Si bien, no se trata de una “desnotarización”, sí busca mejorar las condiciones de atención para el público y también atiende a aspectos funcionales que requerían de revisión. Con todo, el proyecto ha derivado en una reforma más leve de la que se propuso originalmente, concentrando su mayor incidencia en formas de nombramiento, división de categorías de notario, conservadores y archiveros y la división del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. En el camino quedaron figuras novedosas que fueron planteadas, como los fedatarios, quienes siendo o no institucionales podrían actuar como ministros de fe de ciertos trámites (acotados) cumpliendo con una serie de requisitos.
Estado de tramitación: En Comisión Mixta (boletín 12.092-07).
Link de interés: aquí.
7. SUBSIDIO A LA TASA DE INTERÉS HIPOTECARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS
Resumen:
El proyecto de ley propone subsidiar la tasa de interés de los créditos hipotecarios, con el objetivo de reducir el stock de viviendas nuevas disponibles. Para ello, contempla un subsidio de hasta 60 puntos base sobre la tasa de interés, el cual se asignaría en forma conjunta con la Garantía de Apoyo a la Vivienda Nueva. El financiamiento deberá destinarse exclusivamente a la adquisición de viviendas nuevas que cumplan con ciertos requisitos, y la totalidad del subsidio deberá traducirse en una rebaja en la tasa de interés aplicada al solicitante del crédito.
Observaciones de mérito:
Si bien esta iniciativa responde a la creciente dificultad de acceso a la vivienda propia y a la crisis del mercado inmobiliario, ofreciendo una solución parcial al sobrestock de viviendas nuevas, se trata de una medida acotada, temporal e insuficiente. No aborda las causas estructurales del problema, tales como el deterioro del mercado laboral, el estancamiento de los ingresos familiares, el menor dinamismo económico y el encarecimiento del suelo derivado de una regulación urbanística rígida y desactualizada.
En este contexto, el foco debe estar en enfrentar los problemas estructurales que afectan el acceso a la vivienda, promoviendo reformas profundas que flexibilicen la regulación urbanística y reactiven el crecimiento económico, más que en soluciones sectoriales transitorias orientadas a reactivar una industria específica.
Finalmente, se excluye, sin una justificación clara, a la Región Metropolitana del Programa de Garantías para la Recuperación Productiva Regional.
Estado de tramitación: En segundo trámite constitucional en particular, Comisión Hacienda del Senado (boletín 17.368 -05).
8. MODIFICA DISTINTOS CUERPOS LEGALES, EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Resumen:
Se trata de un proyecto misceláneo que modifican diversas leyes sectoriales que tienen incidencia en sectores claves para la economía y la gestión pública. Entre las principales medidas se incluyen ajustes de aclaración en procedimientos tributarios y laborales, flexibilidades para acelerar proyectos habitacionales de interés público, la inversión en el transporte público y beneficios tributarios, así como nuevas disposiciones para enfrentar desafíos climáticos y ambientales.
Observaciones de mérito:
Al tratarse cerca de 33 materias distintas, es complejo realizar un estudio acabado de todas iniciativas, sin embargo, cabe poner atención a los cambios que se proponen para aplicar la reducción de jornada con ocasión de la ley de 40 horas, que rigidiza la implementación de la ley, sin atender a las diversas realidades de las empresas. Asimismo, preocupa la habilitación que se propone al Ministerio de Transporte para capitalizar con recursos del subsidio de transporte a la sociedad del Estado “Fondo de Infraestructura S.A” para adquirir y arrendar terminales de buses para la operación del sistema de transporte de Valparaíso.
Estado de tramitación: En tercer trámite en la Cámara de Diputados (boletín 17.322-03)
9. PROYECTO DE LEY SOBRE CABOTAJE
Resumen:
El proyecto de ley busca fomentar la competencia en mercado del cabotaje marítimo y aprovechar capacidad ociosa de naves extranjeras que transportan carga de comercio exterior, generando ganancias de eficiencia y empleo en el sector. Asimismo, promover el ingreso de nuevos actores, fomentando la competencia.
Estado de tramitación: En segundo trámite en discusión general, en la Sala del Senado (boletín 14.532-15)
10. PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN AL TURISMO
Resumen:
El proyecto de ley pretende activar este sector, estableciendo beneficios de devolución del IVA a bienes muebles adquiridos en Chile por turistas extranjeros y por los servicios contratados por empresas de producción audiovisual no residentes. Además, se establece una nueva tasa de alojamiento para turistas extranjeros, junto con crear un Fondo de Promoción Turística Internacional. Finalmente se proponen cambios a la institucionalidad encargada de diseñar los planes y acciones relacionadas a la promoción turística internacional, promoviendo la participación público-privada.
Estado de tramitación: En segundo trámite en discusión particular, Comisión de Economía del Senado (boletín 16.817-05)
El gran ausente: la Reforma al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA)[1]
Un número significativo de proyectos de inversión deben someterse al SEIA, muchos de los cuales representan montos relevantes para el crecimiento económico del país. En 2023, el SEIA, el sistema tardó en promedio 405 días en aprobar un Estudio de Impacto Ambiental y 646 d rechazarlo[2], a lo que se suman las posteriores etapas de reclamación administrativa y judicial. Según estimaciones, una reducción de un tercio en los plazos de tramitación podría aumentar el PIB en 2,4% en 10 años[3]. En ese contexto, un sistema excesivamente extenso, poco predecible y complejo opera como un verdadero “impuesto indirecto a la inversión”.
Por ello, resulta incomprensible que la reforma al SEIA no figure entre los proyectos priorizados por el Gobierno.
Respecto a la reforma:
El proyecto de ley ha mejorado tras su paso por la Comisión de Medio Ambiente del Senado, respecto a su versión original. Así, por ejemplo, se modifica el listado de proyecto que deben ingresar al SEIA, dándole un carácter taxativo; se refuerza el carácter de ventanilla única del SEIA, para que todos los permisos o pronunciamientos de carácter ambiental que deban emitir otros organismos del Estado, sean otorgados en un mismo sistema, sin que se requiera ningún procedimiento posterior. Además, se introducen incentivos para que los servicios públicos cumplan con los plazos, pues de no cumplirlos, se entenderá que el permiso es otorgado de manera favorables, esto se conoce como la regla del silencio administrativo positivo.
Un cambio relevante es en el sistema recursivo, eliminándose el Comité de Ministros. Se otorga la posibilidad de que el titular del proyecto, los observantes o terceros interesados, puedan prescindir de la vía administrativa y recurran directamente a los Tribunales Ambientales, dentro de 30 días o 60 días, según se trate de una Declaración o Estudios de Impacto Ambiental.
Observaciones de mérito:
Sin perjuicio que persisten dudas con algunas normas, especialmente aquellas que buscan modificar el sistema de responsabilidad por daño ambiental, o bien, con el hecho de que la vía administrativa de reclamación de una RCA pase a depender exclusivamente del Director Regional o Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, que dependen al final del gobierno de turno, muchas de las normas contenidas en el texto emanado de la Comisión de Medio Ambiente son valiosas y pueden representar un avance en lo que se refiere a reducir los plazos de tramitación y entregar más certidumbre a los inversionistas.
[1] Estado de tramitación: En primer trámite en discusión particular, Comisión de Hacienda del Senado (boletín 16.552-12).
[2] Informe Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial (2023), p.24.
[3] Ídem, p. 23 y ss.
