Durante los últimos meses ingresaron al Congreso dos proyectos de ley que buscan perfeccionar el funcionamiento del sistema de salud, que se suma a la “Ley Larga de Isapres” que se discute desde octubre en el Cámara de Diputados.
Estas iniciativas, impulsadas tras el acuerdo por la “Ley Corta de Isapres”, abordan aspectos importantes del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), la Central de Abastecimiento (Cenabast), el Instituto de Salud Pública (ISP) y la Superintendencia de Salud. Aunque representan un paso adelante, como revisaremos a continuación, aún existen desafíos importantes por abordar.
- Fortalecimiento de la Gestión y Eficiencia: Uno de los focos principales es mejorar la administración de Fonasa. El proyecto contempla que Fonasa asuma el control de las licencias médicas, lo que podría optimizar el uso de recursos significativos. También se busca una gestión más eficiente en los procesos de compra de Fonasa y Cenabast, utilizando el poder del Estado para obtener mejores precios en prestaciones y medicamentos. Además, se facilitará el acceso a un segundo prestador para afiliados de Fonasa en caso de incumplimiento de las garantías GES.
- Salud Digital: Se busca avanzar en la modernización con la creación de un Servicio de Salud Digital. Si bien la telemedicina y la digitalización pueden ampliar la cobertura, persisten dudas sobre la coordinación de este nuevo servicio con el resto del sistema de salud. Además, dado que costaría $4 mil millones anuales, cabe preguntarse si no es mejor consolidar las actuales iniciativas que lleva a cabo el Minsal.
- Dispositivos Médicos: También se propone actualizar la regulación de dispositivos médicos por el ISP, donde existe el riesgo de dificultar o encarecer la adopción de nuevas tecnologías que hoy ya cuentan con regulación.
- Mejora en la Gestión Hospitalaria: Una de las debilidades del proyecto es la limitada profundidad de las propuestas para mejorar la eficiencia de los hospitales estatales. Los incentivos por cumplimiento de metas y desempeño médico son insuficientes al no contemplar recursos adicionales, ni cambios que permitan vincular de mejor manera salarios y desempeño. La falta de un sistema robusto de registro y evaluación de la productividad hospitalaria y la satisfacción usuaria, vinculado a consecuencias claras, también es una debilidad.
- Superintendencia de Salud: Un segundo proyecto busca otorgarle más atribuciones al regulador para fiscalizar tanto a prestadores públicos como privados. Esto incluye la creación de un registro público de sanciones y la capacidad de sancionar a hospitales privados y estatales por mala atención. Sin embargo, existen dudas sobre la institucionalidad de la Superintendencia y la necesidad de asegurar una mayor autonomía para Fonasa y los prestadores estatales respecto del Ministerio de Salud para una fiscalización más efectiva.
Este último punto es esencial y cruza ambos proyectos. La ausencia de una reforma profunda de la institucionalidad de Fonasa que le otorgue más atribuciones, autonomía e independencia para asegurar el acceso oportuno a la salud de sus afiliados. Sin cambios en este nivel será difícil lograr una mejora sustancial en la calidad de la atención.
En conclusión, si bien los proyectos de ley representan avances necesarios en áreas específicas del sistema de salud chileno, no abordan de manera integral las debilidades estructurales de Fonasa y la gestión hospitalaria estatal. Para lograr un sistema de salud más eficiente y oportuno, se requieren reformas institucionales más profundas y una mayor autonomía para los actores clave. El Congreso tiene la oportunidad de realizar ajustes para fortalecer estas iniciativas.
