La muerte de dos hinchas de Colo Colo es una muestra de como Chile ha fracasado en enfrentar la violencia en los estadios. Las razones para este fracaso son múltiples tal como la gran cantidad de actores e instituciones que tienen algun grado de responsabilidad. Sin embargo podemos aventurarnos con tres elementos principales que podrían ayudar a explicar la falta de resultados contundentes.
- Las barras bravas deben ser entendidas como organizaciones criminales que promueven la violencia con fines de poder o beneficio económico. Pretender combatirlas solo con enfoques de orden público o control de multitudes es insuficiente, porque no se interviene en las lógicas internas que articulan sus acciones violentas. Se requiere de inteligencia policial y una persecusión penal efectiva.
- La segunda razón es institucional. El Plan Estadio Seguro no logro materializar en un 100% los elementos centrales de las políticas públicas exitosas en seguridad deportiva, careció de competencias sancionatorias, continuidad técnica entre administraciones y coordinación real entre clubes, Carabineros, el Ministerio Público y los municipios. Así, prevenir la violencia fue una tarea fragmentada y sin dirección estrategica real.
- En tercer lugar, no se puede seguir evadiendo el rol de los clubes de fútbol, los que han sido más bien espectadores que protagonistas en la tarea de prevenir y erradicar la violencia en los estadios. No basta con condenas públicas; se requiere compromiso activo, inversión y responsabilidad en la aplicación de la normas.
A pesar del anunció del cierre del Plan Estadio Seguro, lamentablemente, como en tantas otras materias, el Gobierno llega tarde. Es urgente que el fenómeno de la violencia en los estadios se incorpore explícitamente en la Política Nacional de Seguridad Pública, bajo un enfoque que combine control, prevención, inteligencia e investigación penal con una reforzada coordinación con el Ministerio Público.
En el plano operativo, Carabineros debe contar con acceso en tiempo real a las cámaras de vigilancia de los estadios y grupos especializados, formados para la investigación de estos contextos de violencia en eventos deportivos. Esto permitiría identificar y detener a quienes cometen delitos dentro del recinto, actuando en flagrancia cuando las condiciones lo permitan o generar focos criminales en conjunto con el Ministerio Público asociados a la violencia en los estadios. Este trabajo investigativo especializado entre policías y fiscales es una experiencia exitosa que se puede implementar rapidamente en el país.
A mediano plazo, el país necesita avanzar hacia una legislación más dura, como lo han hecho otros países que lograron reducir la violencia en el fútbol. Se requiere una tipificación penal específica para delitos cometidos en este contexto, con sanciones ejemplares no solo para los autores, sino también, cuando se amerite, a los clubes que toleren o encubran estas prácticas delictuales.
La violencia en los estadios no se resuelve solo con más policías o más guardias. Se combate con inteligencia, coordinación institucional y, por sobre todo, con decisión política. Hoy, ese compromiso sigue en deuda a pesar del cierre de un plan que a todas luces fracasó.
