El desalojo de la toma en el Cerro Centinela de San Antonio, sector Bellavista, estaba previsto para el jueves 27 de febrero de 2025. Sin embargo, el Gobierno y los propietarios del terreno alcanzaron un acuerdo para suspenderlo. Como parte de la negociación, se estableció la venta del terreno a través de una federación de cooperativas, junto con un protocolo que pospone el desalojo por seis meses. Durante ese período, una comisión técnica deberá determinar el valor del terreno y definir el respaldo estatal para la operación. Actualmente, la tasación de los propietarios es de 0,69 UF por metro cuadrado, mientras que la del Gobierno es de 0,58 UF.
El arribo de una familia a una toma es una decisión de última instancia, lo que hace fundamental analizar cómo se llegó a esta situación, donde miles de personas han optado por asentarse en el sector. La ocupación en el Cerro Centinela se inició a fines de 2019, en el contexto del estallido social. Actualmente, habitan el terreno 10.251 personas, distribuidas en 4.136 inmuebles a lo largo de 256 hectáreas.
Si bien las autoridades han reconocido que no estaban en condiciones de ejecutar el desalojo ordenado por la resolución judicial, es importante señalar que una sentencia judicial no debería ser utilizada como un elemento de negociación, ya que esto debilita los mecanismos legales que garantizan el funcionamiento de las instituciones.
Puntos clave a considerar:
- Insuficiencia de la Política Habitacional: La actual política de vivienda no ha logrado prevenir situaciones como esta. Se debe considerar que el MINVU diferencia entre los subsidios otorgados (un certificado que acredita el beneficio) y los subsidios pagados (subsidios efectivamente utilizados para adquirir una vivienda).
Lo realizado por la actual administración es levemente inferior a lo logrado por gestiones previas. En los últimos 10 años, se han pagado en promedio 55.928 mil subsidios anuales, mientras en 2022 y 2023 se pagaron 47.832 y 64.524 subsidios, respectivamente.
El Plan de Emergencia Habitacional propuso una meta de 260.000 viviendas, lo que equivale a entregar 65.000 viviendas anuales en un periodo de cuatro años. Dado que al inicio del plan ya se habían iniciado 124.410 viviendas, la meta real es completar 135.590 en tres años, lo que implica 45.197 viviendas por año, una cifra ligeramente inferior al promedio histórico.
- Limitaciones del subsidio habitacional: Si bien el subsidio es un gran apoyo, no es una solución integral. En el caso de la autoconstrucción, es fundamental contar con la asistencia técnica adecuada para asegurar que la solución habitacional cumpla con ciertos estándares.
- La legislación vigente podría haber prevenido la toma. La Ley de Usurpaciones, que entró en vigor en 2023 cuando la toma ya estaba consolidada, modificó la tipificación del delito de usurpación. Ahora considera como flagrante mientras persista la ocupación, permitiendo a las fuerzas de seguridad actuar sin orden previa (anteriormente, el plazo de la flagrancia era de solo 12 horas)[1].
- Sostenibilidad de la solución: ¿es viable que estas familias sigan viviendo en una toma? Tal como se ha demostrado, los asentamientos informales suelen ubicarse en zonas de riesgo, inseguridad y condiciones de gran precariedad. Según información del MINVU, un 37% (399) de los campamentos del Catastro 2022 se encuentran bajo amenaza de riesgo[2].
- Posible incentivo a nuevas ocupaciones: ¿Este mecanismo podría generar un precedente que fomente nuevas tomas de terreno? Ya existen grupos que han manifestado su intención de exigir un trato similar por parte del Gobierno bajo el modelo de cooperativas.
- Falta claridad en la hoja de ruta: ¿Qué ocurrirá con futuras familias que lleguen a la toma? ¿se aplicará el mismo protocolo en casos similares?
[1] Más información en “Los mitos tras la discusión del proyecto de ley de usurpaciones”, Tema Público N°1598-2, Libertad y Desarrollo (LyD), 29 de junio de 2023. Link
