Nuestro sistema de pensiones requiere de mejoras que permitan aumentar las pensiones y mejoras a la competencia de la industria. Sin embargo, esas modificaciones no deben minar las bases de lo que ha sido un sistema exitoso y reconocido recientemente como uno de los mejores del mundo. Es fundamental que la reforma de pensiones sea sostenible financieramente y no signifique un riesgo ni para el ahorro de los trabajadores ni para las finanzas públicas.
En ese contexto, el texto aprobado por la comisión de Hacienda del Senado tiene deficiencias que deben ser corregidas. Primero, porque incorpora un componente de reparto al financiar con las cotizaciones previsionales de los trabajadores beneficios previsionales de otros pensionados. Esto es tanto por el aporte de 1% que se va íntegramente a reparto, como la menor rentabilidad que recibirá el trabajador por estar obligado a prestar parte de sus cotizaciones al Estado para que este financie beneficios a los actuales trabajadores.
Además, no se conoce el impacto final en las pensiones en el corto, mediano y largo plazo en comparación a otras alternativas. Pero sí sabemos que las pensiones futuras serán inferiores a si el 6% total de aumento de cotización se destina a las cuentas de ahorro personales.
Si bien esta reforma aumenta la tasa de cotización, incorpora otros riesgos al sistema y a las finanzas públicas que no se pueden soslayar. Es por ello que no corresponde comparar esta reforma con el escenario de no tener reforma, ya que se han planteado una serie de alternativas con menos riesgos que no han sido evaluadas.
En ese contexto, centros de estudios como LyD, el CEP o Pivotes han hecho sus propuestas. Lo mismo sectores políticos como Amarillos, Demócratas y sectores de CHV han levantado sus reparos a esta reforma.
El impacto en el empleo formal de aumentar el costo de contratación en casi un tercio no ha sido suficientemente analizado. Sin un mercado laboral fuerte, no habrá ahorro ni mejores pensiones. En ese sentido, concesiones que se hicieron a las pymes como la propuesta de mantener la tasa de impuesto en 12,5% no resuelve el problema, ya que el mayor costo laboral llevará a que muchos no tengan utilidades ni paguen impuestos. Por eso se debió haber hecho un aumento acotado de la tasa de cotización y evaluar el efecto en la economía y el mercado laboral, antes de seguir aumentando la tasa de cotización.
Se ha advertido que, si no hay reforma de pensiones, la presión fiscal sería mayor en el futuro. No coincidimos:
- Incluso aprobándose esta reforma de pensiones se mantendrá la presión sobre futuros aumentos de la PGU (que debe ser por ley), ya que los aumentos de pensiones de esta 2 reforma son mayores en los sectores medios y altos. Para los más vulnerables siempre se podrá decir que las pensiones no son suficientes.
- En los sectores de menores ingresos la principal fuente de aumento de sus pensiones se debe al aumento de la PGU. Ese riesgo no desaparece con esta reforma que premia años cotizados, justamente lo que carecen las personas de menores pensiones.
La única forma de contener la presión por aumentar la PGU es que exista responsabilidad política respecto a que los ingresos fiscales deben estar disponibles para una serie de demandas sociales. Por ello, el Consejo Fiscal Autónomo, planteó “partir con un nivel más bajo de compromiso de gasto fiscal, y activar su aumento en la medida que se cumplan ciertas condiciones”. Pero ello no fue considerado ya que solo se amplió el plazo de implementación del alza de cotización de los trabajadores que no tiene mayor efecto en el gasto fiscal. Las listas de espera en salud, mejorar la calidad de la educación y la seguridad de los barrios o superar el déficit habitacional y no solo los jubilados, requieren recursos. Debe recordarse que según la encuesta Casen 2022, los adultos mayores tienen una pobreza de 3,1% versus el 6,5% del total de la población o el 12,2% de los menores de tres años.
