Comentarios generales al proyecto
Una reforma al sistema previsional de esta envergadura debe ser analizada en profundidad y con todos los elementos a la vista. Resultaría inentendible que este texto sea votado en la comisión de Trabajo y de Hacienda del Senado sin conocer todos los antecedentes.
Esta propuesta se complementaría eventualmente con dos proyectos de ley adicionales que serían tramitados en los próximos meses: El que regula la nueva operatoria y funcionamiento del SIS, que esta contemplado en un artículo transitorio de las indicaciones presentadas, y la creación de un ente estatal como alternativa estatal para administrar los fondos previsionales que el gobierno explicitó en una minuta que se hizo pública. Ambas leyes son esenciales para entender el funcionamiento completo del sistema y no resulta razonable que se analicen en forma separada ya que “las partes” tienen incidencia en “el todo”.
Hasta la fecha no se conoce un informe sobre la sostenibilidad del Fondo Autónomo de Protección Previsional que se viene creando. No se ha entregado un informe oficial del costo de las prestaciones que se buscan financiar, como tampoco un informe actuarial de este fondo que permita asegurar que efectivamente el Estado devolverá el préstamo a los trabajadores.
No se conoce una estimación del impacto de un aumento de 7% de la tasa de cotización en el mercado laboral formal. Si se utilizan las mismas estimaciones presentadas en el informe de productividad elaborado el año 2017, durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, para estimar el impacto en el empleo formal del aumento de la cotización en 5 puntos porcentuales, un aumento del 7% podría llegar a destruir del orden de los 600.000 empleos formales, lo que agravaría aún más el problema de la baja densidad de cotizaciones de un alto porcentaje de los trabajadores.
Las indicaciones incorporan un componente de reparto a nuestro sistema previsional ya que con las cotizaciones previsionales de los trabajadores se pagan beneficios previsionales de otros pensionados. Esto es tanto por el aporte de 1% que se va íntegramente a reparto, como la menor rentabilidad que recibirá el trabajador por estar obligado a prestar parte de sus cotizaciones al Estado. En régimen, esta menor rentabilidad se traduce en una caída de su ahorro por la parte de la cotización que se destina al préstamo obligatorio que pudiera ser entre un 10% y un 20%.
Finalmente, no se conoce el impacto final en las pensiones en el corto, mediano y largo plazo. Pero sí sabemos que las pensiones futuras serán inferiores en comparación a si el 6% total de aumento de cotización se destina a las cuentas de ahorro individuales.
Cabe hacer presente que una reforma menos ambiciosa, pero más simple que aumente en 3% la tasa de cotización y que financie con recursos fiscales beneficios similares a las que las indicaciones proponen (bono tabla y aporte por año cotizado) tendría un menor costo fiscal. Se estima que los ahorros fiscales pudieran ser de aproximadamente US$30.000 millones durante los próximos 25 años. Además, una propuesta como esa no introduciría mecanismos de reparto, la incertidumbre que genera el préstamo obligatorio al Estado en el que los chilenos no confían[1], así como tampoco aumentar la deuda fiscal.
Pese a la estrechez fiscal que vive el país y las múltiples necesidades sociales, más allá de las pensiones, el costo total de esta reforma es de aproximadamente US$4.500 millones al año por los próximos 25 años.
En particular, hay 12 puntos que preocupan de las indicaciones presentadas:
[1] En la encuesta Cadem correspondiente a la segunda semana de enero, un 58% de los encuestados declaró confiar “poco” o nada” en que el Estado devolverá los recursos que ellos presten al Estado.
