Chile enfrenta una crisis de seguridad que requiere dotar a las fuerzas de orden público con el más amplio conjunto de herramientas para actuar en diversos escenarios, conforme a la ley y dentro del marco de sus competencias. En este contexto, y frente a los recientes hechos en los que policías han sufrido graves agresiones, resurge la discusión en torno a la necesidad de dotar a las policías de medios más efectivos para el combate a la delincuencia, entre ellos, se plantea la utilización de como las pistolas Taser.

La pistola Taser es un medio de control menos letal de la familia de dispositivos de energía conducida (CED), diseñado para incapacitar temporalmente a una persona mediante descargas eléctricas. Entre sus principales características destaca su capacidad para interrumpir el control muscular del objetivo, posicionándose como un instrumento intermedio entre un arma de fuego y el contacto físico directo con el funcionario de seguridad. Además, la tecnología de esta herramienta asegura la neutralización del blanco durante al menos cinco segundos, permitiendo al operador mantener una distancia segura. Las versiones más avanzadas incluyen mecanismos de escalamiento e intimidación, y la posibilidad de conectarse automáticamente a cámaras corporales, facilitando la grabación de procedimientos.

Este tipo de dispositivo es ampliamente utilizado por cuerpos policiales y de seguridad privada en 115 países, donde ha demostrado su efectividad como medio disuasivo y arma menos letal. Sin embargo, Chile es uno de los pocos países de la región que no ha incorporado este recurso en sus fuerzas policiales.

Hace unos días, el Gobernador de Santiago, Claudio Orrego, señaló que ha faltado voluntad política, ya que se llevan más de tres años ajustando el protocolo y reglamento para su implementación. Resulta incomprensible la falta de urgencia del Ejecutivo para dotar a los cuerpos de seguridad de mejores herramientas para el control del orden público, la prevención del delito y la protección de los funcionarios. Ante lo anterior, el Gobierno respondió señalando que en marzo comenzará un plan piloto para testear a las pistolas taser.

Esta falta de urgencia y gestión del Ejecutivo en materia de seguridad pública no solo se refleja en el retraso en la regulación de las armas de conducción eléctrica menos letales, sino también en la ausencia de una formulación basada en evidencia del Plan "Calle sin Violencia" y en la manera en que se ha abordado la reforma policial. Una reforma que, inicialmente, buscaba legitimar a las fuerzas de seguridad mediante un accionar eficaz. A poco más de un año del término de esta administración, surge una pregunta inevitable: ¿cómo esperaban llevar a cabo una reforma policial si ni siquiera han avanzado en un reglamento para dotar a las fuerzas de seguridad con herramientas disuasivas que les permitan cumplir su función de manera efectiva?