Esta semana, el diario La Tercera dio a conocer un informe elaborado por la Contraloría General de la Republica que tuvo por objeto verificar la implementación del Plan de Reactivación Educativa presentado por el gobierno[i]. En términos generales, éste encontró una serie de deficiencias tanto en su cobertura, como en el seguimiento de las acciones contempladas en el marco de éste y en los recursos comprometidos por parte del Ministerio de Educación (MINEDUC). De este modo, la Contraloría ratificó los cuestionamientos que en su momento hicimos desde Libertad y Desarrollo junto con especialistas de otros organismos y centros de estudio[ii].
Con relación al último punto, esto es, los recursos involucrados en el plan, el documento de la Contraloría constata que el MINEDUC incluyó dentro de las acciones a realizar una serie de iniciativas que existían previamente y que no implicaban un aumento neto del gasto. Así, estableció que los recursos invertidos fueron un 91% menores a lo comprometido por dicha cartera. En la misma línea, desde LyD hicimos un alcance al respecto para la discusión del proyecto de ley de presupuestos para el año 2024, cuando sostuvimos que al examinar el origen de los recursos destinados a las nuevas asignaciones que conformaban el Plan de Reactivación Educativa, “se encuentran una serie de reasignaciones entre programas ya existentes que también tienen como propósito colaborar con el mejoramiento educativo ya sea mediante apoyo técnico pedagógico, prevención de la deserción o bien financiando mejoras en infraestructura y equipamiento, entre otras. De esta forma, una vez que todas las asignaciones relacionadas son consideradas, el alza en 2024 para el mejoramiento educativo será de paupérrimos $4,7 mil millones (+1%), equivalentes a apenas 0,8% del aumento que experimenta el gasto total del MINEDUC”[iii].
Así también, como parte del seguimiento que desde LyD realizamos durante el año pasado, en el contexto de la tramitación del proyecto de ley de presupuestos 2025 advertimos sobre la baja ejecución que presentaban los dineros destinados al Plan de Reactivación y planteamos dudas sobre su impacto. En la oportunidad señalamos que “Hace un año, el Gobierno destacó la entrega de recursos para revertir el deterioro en aprendizajes, asistencia, vinculación y bienestar sufrido luego de la pandemia. Si bien en términos comparativos los recursos destinados a éstas fueron muy modestos, su ejecución, finalizado el tercer trimestre, es de apenas un 33%”. Al desglosar dicha cifra, constatamos que en ese momento el Plan Nacional de Tutorías registraba una ejecución de 19%; los recursos para Bienestar Docente, de apenas 5%; el Fondo para la Contingencia y Mantención de Infraestructura, de 34%; y el Fondo para Reactivación un avance de 47%. De este modo, concluimos señalando que “A falta de evaluaciones, estas cifras provocan dudas sobre el aporte que las iniciativas presentadas están teniendo en una recuperación que es urgente y que ya se vio lenta los años previos. De hecho, al revisar el proyecto de Presupuesto 2025 se encuentra que estas asignaciones disminuirán. Esto habla de la necesidad de que el Gobierno transparente las acciones que está tomando en virtud de estos y otros recursos en materia de reactivación educativa (…)”[iv].
Es de esperar que ahora sí, el informe de Contraloría tenga eco en el gobierno, así como no lo tuvieron los cuestionamientos previos. En el último año de la actual administración, sería deseable que se transparente y se presente la información que permita evaluar las acciones correspondientes al Plan de Reactivación y que, de este modo, sea la ciudadanía la que pueda juzgar.
[ii] Estos cuestionamientos también fueron recogidos por el diario La Tercera, ver aquí.
