Luego del anuncio del Presidente, finalmente se ingresó el texto del proyecto de ley que da origen a un nuevo mecanismo para el financiamiento de la Educación Superior y que establece un plan de reorganización y condonación parcial de las deudas educativas.

De acuerdo con el mensaje que acompaña al proyecto, éste se plantea en respuesta a un diagnóstico según el cual se reconoce el aporte que ha significado el Crédito con Aval del Estado (CAE) en el aumento en el acceso a Educación Superior, no obstante, se le achaca a éste la responsabilidad en una serie de críticas hacia el modo en que se ha expandido el sistema. No obstante, nada se señala sobre las limitaciones concretas que presenta el CAE en su diseño actual y que explican, por ejemplo, que no todos los deudores puedan acceder a los mecanismos disponibles para rebajar sus deudas. Asimismo, tampoco se menciona la falta de consecuencias que tiene hoy el no pago de las deudas y la responsabilidad que tiene el actual gobierno en el aumento de la morosidad, en la medida que instaló la idea de que pagar por la educación es ilegítimo y que creó expectativas de una condonación universal.

De este modo, no es de extrañar que, con ese diagnóstico parcial a la vista, en lugar de abordar los problemas específicos del CAE para facilitar su sostenibilidad y su pago, lo que el proyecto presentado finalmente hace busca es alterar una serie de elementos que tienen implicancias mucho más allá de éste. En definitiva, se propone transitar desde un sistema de créditos subsidiados por el Estado hacia un sistema de financiamiento de las instituciones de Educación Superior vía impuestos al ingreso que entrega al Estado le definición de los aranceles, con lo cual no sólo se pone bajo amenaza la autonomía y sostenibilidad financiera de las casas de estudio, sino también se afecta negativamente el equilibrio y potencial de progreso del sistema.

En cuanto a los deudores actuales, se propone traspasarlos al nuevo sistema y que el Fisco vaya adquiriendo sus deudas, reordenándolas y ofreciéndoles nuevas cuotas. Para ello, se contempla una condonación parcial del saldo de sus deudas, en una magnitud que dependerá de si finalizaron o no sus estudios, de si se encuentran o no al día en sus pagos y del porcentaje de sus cuotas originales que ya hayan saldado. De acuerdo con la Coordinadora del Programa Social, María Paz Arzola, “con la condonación se insiste en una promesa de campaña que en su momento no fue suficientemente evaluada y que, con el tiempo, se ha visto que era inviable y subóptima desde el punto de vista social”. Y, por otro lado, sostiene que “pareciera que ésta se está pensando como una forma de incentivar que los actuales deudores se traspasen al nuevo sistema, objetivo que yo tengo dudas se cumpla. Pues, considerando la alta morosidad del CAE hoy y las nulas consecuencias que ello tiene para los deudores, es difícil creer que estos quieran cambiarse a otro sistema que, al menos en el papel –lo que también habrá que demostrar-, les obligaría a volver a pagar”.

Así, la economista plantea los riesgos que presenta el proyecto debido al impacto que éste podría tener sobre el sistema de Educación Superior y esboza las dudas que dejan las proyecciones financieras contenidas en el informe financiero complementario al proyecto. “Se trata de un proyecto complejo, que toca muchas teclas que tienen el potencial de afectar negativamente el equilibrio del sistema de educación superior.  Así también, las proyecciones relativas al FES se basan en una serie de supuestos, varios de los cuales son inciertos, lo que levanta dudas respecto a qué tan realistas son”. Por mencionar algunos: los flujos de ingresos dependen de qué instituciones suscriben al nuevo sistema, lo que no es evidente a priori, y también de que se incorporen al beneficio estudiantes con expectativas de ingresos altos que posibiliten los subsidios cruzados en que se basa la sostenibilidad del sistema, los que a su vez no tendrán incentivos para hacerlo. Por otro lado, las proyecciones dependen de que los beneficiarios puedan materializar los beneficios de su educación superior en un trabajo formal y con ingresos suficientes. Lo que no es evidente, en parte por los incentivos que genera el mismo sistema. Por último, el nuevo sistema presenta un riesgo que, a la luz de lo que ocurrió con los retiros de ahorros previsionales, no se puede desestimar: este es el riesgo de ser utilizado para entregar beneficios con fines políticos, encareciendo su costo y amenazando su sostenibilidad.

Con todo, en las próximas semanas debiera darse inicio a la tramitación de esta iniciativa y es posible que se vayan aclarando algunos temas y vayan también apareciendo nuevas interrogantes a las que tendremos que estar atentos.