Esta semana se ingresó el Proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año 2025. Como cada año, uno de los temas importantes serán Educación. En ese contexto, hay algunos antecedentes que deben tenerse en cuenta a la hora de analizar lo que se proponga para esta cartera.

1. Educación Parvularia:

No hay opiniones distintas en cuanto a la importancia que tiene para el desarrollo este nivel educativo y, en especial, la asistencia a establecimientos que cuenten con un estándar mínimo de calidad. Sin embargo, no hubo mención a este en el discurso del presidente días atrás. Es por ello fundamental analizar la propuesta del gobierno para 2025 en lo relativo a este nivel y de qué manera se pretende enfrentar la caída en cobertura de los últimos años.

Como antecedente, el año pasado los recursos para este nivel cayeron debido a la reducción de las transferencias e inversión en infraestructura, que respondía a un reconocimiento de lo que en los hechos ocurría cada año. En relación a ello, la ejecución al 31 de agosto –última publicada- indica que los proyectos e inversión de Junji exhiben una ejecución de apenas 33%, es decir, parecieran seguir por debajo de lo esperado.

2. Reactivación Educativa:

El año pasado, el gobierno destacó la creación de nuevas asignaciones y el aumento de los recursos para financiar iniciativas destinadas a la recuperación de los aprendizajes post pandemia. Si bien en términos comparativos éstas fueron muy modestas, la ejecución al 31 de agosto es de apenas un 21%. Como se ve en la Tabla N°1, el Plan Nacional de Tutorías registra una ejecución de apenas 14%; los recursos para Bienestar Docente, de sólo 4% y el Fondo para la Contingencia y Mantención de Infraestructura, de 0%. Por su parte, el Fondo para Reactivación presenta un avance de 40%.

Estas cifras generan dudas respecto al aporte que las iniciativas presentadas están teniendo en una recuperación que es urgente y que ya se había visto lenta los años previos. De hecho, de acuerdo con la información disponible, el presupuesto 2025 no contempla cambios significativos en ellas.

Adicionalmente, éstas se suma a esto la pobre ejecución que –como ya es costumbre- presentan los recursos destinados al apoyo técnico pedagógico que debe por ley prestar el Ministerio de Educación (MINEDUC) a los establecimientos de peor desempeño (15% de ejecución de los recursos para Asesoría y Apoyo a Establecimientos y 30% de los recursos para Supervisión Técnico Pedagógica). Es probable que entonces, en la discusión próxima a iniciarse, el gobierno deba dar cuenta de las acciones que ha realizado en esta materia y sus planes para el próximo año.

3. Liceos Bicentenario:

Se trata de un programa que previamente iba a ser discontinuado por el actual gobierno, pero que finalmente –como parte del acuerdo con la oposición y debido a las críticas de la opinión pública- se decidió mantener, aunque bajo la condición de ser evaluado. Pues bien, en el último informe de ejecución disponible se aprecia una ejecución de apenas 15% respecto al presupuesto inicial. Es posible que, de entrada, este tema deba ser aclarado por el MINEDUC, además porque en la glosa del presupuesto vigente se había realizado una modificación importante en cuanto a los objetivos del programa, alterando significativamente su naturaleza. Para el próximo año el proyecto contempla mantener los mismos recursos que para este año.

4. JUNAEB:

Tras el escándalo producto de la no entrega adecuada de los útiles escolares (programa que al 31 de agosto exhibe una ejecución nula), se debiera poner atención a la necesidad de introducir mecanismos que aseguren una mejor gestión de este tipo de programas por parte de este organismo y en especial, que estos sean ejecutados de forma oportuna.

5. Educación Superior:

Debido principalmente a la gratuidad, los recursos destinados a este nivel se han duplicado en la última década, trayectoria muy distinta a la del gasto público en los demás niveles educativos –que han crecido 36% según las Estadísticas de las Finanzas Públicas que elabora la DIPRES-. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en dicho período, hoy existe una opinión pública contraria a mantener esa tendencia, lo que se evidencia en la postergación del proyecto relativo al CAE, así como en lo que arrojan las encuestas[1]. Así también, existen cuestionamientos por parte de rectores de instituciones suscritas a la gratuidad que se encuentran disconformes con la fijación de aranceles y, en definitiva, con la merma de recursos que estarían sufriendo debido a ésta.

Es por ello que el gobierno enfrenta una decisión difícil en cuanto a si allegar más recursos para las universidades para parchar –en lugar de corregir- esta política pública, lo que le significaría seguir avanzando en la tendencia de priorizar este nivel educativo y contravenir la evidencia y voces expertas.

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[1] Por ejemplo, la encuesta Plaza Pública CADEM (23 de septiembre) muestra que la última prioridad de los encuestados es la condonación del CAE (9% de las primeras menciones) y abajo también se ubica la extensión de la gratuidad (13%), versus un 28% que menciona la mejora de la infraestructura escolar.