Los masivos cortes de electricidad que han afectado a miles de clientes han puesto de manifiesto diversos problemas que enfrenta el segmento de distribución de electricidad.
En los últimos cinco años este segmento ha sido objeto de importantes presiones regulatorias derivadas del estallido social y luego de la pandemia, que han implicado importantes disminuciones de ingresos de las empresas que se destinan, en prácticamente su totalidad, a realizar inversiones para la calidad, continuidad y seguridad del servicio. La ley PEC 1, que congeló los precios de la energía, también congeló los reajustes de Valor Agregado de Distribución, que corresponde al costo de prestar dicho servicio. Posteriormente, las diversas leyes de Servicios Básicos durante la pandemia, prohibieron los cortes y permitieron repactaciones muy convenientes para los clientes.
Ambas decisiones implicaron disminuciones de ingresos para las empresas que, a su vez, derivaron en menores inversiones y mantenciones. No puede ser de otra forma: el sistema eléctrico, en todos sus segmentos, funciona en base a las tarifas que recauda, sin ningún subsidio estatal.
Por otro lado, explica el Abogado de LyD, Juan Ignacio Gómez, el Gobierno no ha avanzado en reformas estructurales importantes, como una reforma profunda a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para evitar que sea un servicio fiscalizador reactivo, sino que tome un rol mucho más preventivo, privilegiando y focalizando su acción en el cumplimiento de la normativa por parte de todas las empresas reguladas, lo cual no es más que asegurar que los servicios eléctricos no serán interrumpidos y los clientes no se verán afectados.
Adicionalmente, el evento climático de la semana pasada tuvo diversas características excepcionales, tales como ráfagas de viento sumamente inusuales que incrementaron las fallas en la red que son habituales frente a estos eventos.
“Una discusión sería, enfocada en los consumidores, debe analizar objetivamente las fallas en la regulación y en la operación de las empresas para corregir la primera y sancionar y dar las señales, por las fallas, errores y negligencias en la segunda. Y sobre todo, es una buena ocasión para que recordemos que lo barato, al final del día, sale caro: no se puede pretender bajar los precios sin que ello implique consecuencias”, explica Gómez.
