El revuelo causado por la prisión preventiva dictada contra el alcalde Daniel Jadue es un buen pretexto para hablar sobre las denominadas “farmacias populares”, que, si bien sirvieron al militante del PC para elevar su notoriedad, hoy son la causa de su proceso judicial.
Cabe recordar que tras la inauguración de la farmacia popular en Recoleta muchos alcaldes, incluso de derecha, hicieron suyo el modelo y hoy casi 150 municipios cuentan con su propia farmacia popular. En la mencionada comuna se crearon también una óptica, una inmobiliaria y una librería con el mismo apellido. El fenómeno permeó también al Presidente Boric: inmobiliarias y ferreterías populares eran parte de su programa de gobierno.
Más allá de los eventuales delitos que se le imputan a Jadue, vale la pena preguntarse si este modelo tiene sentido. Es evidente que una de las principales debilidades de la gestión estatal es, justamente, el riesgo de corrupción, situación que por sí misma debiera llevar a cuestionarse la plausibilidad de este “capitalismo estatista”. Pero aun cuando esto no sucediera, ¿se justifica este tipo de intervenciones del Estado?
No hay buenas razones para que el Estado ingrese a mercados como la venta de libros o de anteojos. Ni siquiera lo justifica el hecho que algunas farmacias privadas se hayan coludido en el pasado. Lo que corresponde al Estado, en cambio, es generar las condiciones para que exista la mayor competencia posible y sancionar con fuerza a quienes se atenten en contra de ella. En el caso de la venta minorista de remedios, incorporar nuevos actores, vía autorización de venta de medicamentos en supermercados y almacenes, no ha logrado los apoyos suficientes en el Congreso. Aguas arriba, más competencia a nivel de laboratorios farmacéuticos tampoco ha logrado suficiente consenso.
Si a competencia se refiere, es probable que hayan sido las farmacias independientes la más perjudicadas por sus pares populares. Estas últimas agregan demanda para mejorar su poder de negociación frente a los proveedores, tal como lo hacen las grandes cadenas. Además, varias farmacias populares compran sus medicamentos a través del Cenabast, organismo que abastece de remedios al sector estatal. En cambio, las farmacias independientes no cuentan con la escala ni con los subsidios que los municipios entregan a las farmacias populares en ítems importantes como arriendo, como para competir en igualdad de condiciones, impidiendo el surgimiento de nuevos competidores que desafíen a quienes ya son parte del mercado.
Un ingenioso estudio de Atal et al. (2024) da cuenta de los diferentes efectos prácticos que significaron las farmacias populares, desde los políticos a los sanitarios. En el caso de los precios, los autores identificaron caídas significativas en los precios (de hasta 66%) en remedios comparables. Sin embargo, el precio no lo es todo. La peor calidad de servicio de las farmacias populares: horarios de atención restringidos, mayor lejanía, mayores tiempos de atención y menor stock y variedad de remedios, también juega un rol relevante, tanto así que el mercado se habría segmentado y los clientes que, por distintos motivos no recurrieron a las farmacias populares y que representan a la gran mayoría, terminaron enfrentando alzas de precios (de 1%).
Según los datos de la Cenabast, en los últimos años la creación de farmacias populares se ha desacelerado y también ha caído el número productos que ellas ofrecen. Tampoco parece que los usuarios vayan a dejar de comprar en las farmacias privadas (sus ventas cayeron 4% de acuerdo al estudio citado). El “golpe al modelo” que algunos preveían, no fue tal.
Atal y sus coautores explican que las características especiales del mercado farmacéutico (alta concentración en pocos actores retail y alto poder de negociación del Estado con los laboratorios) hacía más plausible la introducción de actores estatales para intentar disciplinar a los actores privados. Sin embargo, estas soluciones no son extensibles a otros sectores que no cumplen con esas características y, lo más importante, obvian riesgos relevantes como los que hoy tienen a Jadue suspendido de su cargo.
En ese sentido, es más sensato avanzar en regulaciones que abran la competencia, en lugar de medidas estridentes pero que llevan aparejados una serie de complejos problemas.
