En el marco de discusión de la reforma de pensiones, ha surgido la idea de que un porcentaje de la cotización adicional de puntos se destine a otorgar un préstamo de parte de los cotizantes al Estado, que permita financiar aumentos en los montos de los pensionados actuales y de quienes se jubilen en el corto plazo.
Esto, como una alternativa a la creación de un fondo de reparto intergeneracional que perjudique las pensiones de los futuros jubilados, ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y que abra la puerta a un uso político de los fondos de los trabajadores.
Sin embargo, la iniciativa tiene los siguientes problemas:
- La tasa de interés que le pagaría el Estado a los trabajadores por su préstamo. El Estado tiene el incentivo a que dicha tasa sea baja para no elevar el costo del préstamo, pero eso perjudica a los trabajadores. Si la tasa de interés es menor a la que estos los trabajadores hubiesen obtenido de haber sido invertidos en las cuentas de ahorro individual[1], esta propuesta no tiene sentido si lo que queremos es mejorar las pensiones. Se debe tener presente que 1pp de menor rentabilidad durante toda la vida laboral puede significar un 25% de menor pensión.
Como el Estado no puede perjudicar a los trabajadores con una menor rentabilidad, el resultado será que el Estado terminará endeudándose a una tasa más cara de la que accedería si se financiara con deuda pública[2]. Por ende, esta idea es un mal negocio para los trabajadores (que dejan de ganar una mayor rentabilidad) y para el Estado, que puede conseguir los mismos recursos que requiere a una tasa de interés menor.
- El Estado adquiere una deuda. Esta genera intereses y que aumenta las presiones sobre las arcas fiscales. El no cumplimiento de estas obligaciones significaría que los futuros jubilados no recuperarían los recursos que hoy, como trabajadores, prestan al Estado.
- Esta obligación fiscal impone restricciones para destinar recursos a otros gastos (seguridad, salud, vivienda).
- No obstante lo anterior, se debe tener presente el nivel de deuda efectiva y el costo de aumentar la deuda, sobre todo considerando las perspectivas de crecimiento económico. Según los datos del CFA, en 2023, el nivel de deuda total fue de 39,8% del PIB (3,1 veces el nivel de 2013 que fue de 12,8% del PIB) el que aumentaría a 41,2% en 2028. Asimismo, el gasto en intereses como porcentaje del gasto de gobierno central total casi se triplicará en 15 años, aumentando de 1,9% en 2013 a 5,2% en 2028.
- Creemos que la mejor fuente financiamiento para mejorar las pensiones hoy es hacerlo con impuestos generales. Así, para generar recursos sin afectar el crecimiento ni la inversión, se debe hacer un uso más eficiente del gasto público e implementar medidas tributarias que permitan recaudar más. En este sentido, se deben considerar las recomendaciones señaladas en el último informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA)[3] y las medidas propuestas por la Comisión Marfán[4].
[1] A modo de comparación, la rentabilidad real del Fondo C, que es un fondo de riesgo intermedio, entre julio 1981-diciembre 2023 fue de 7,2%. Si bien hacia adelante las proyecciones de rentabilidad de las AFP son más bajas (en torno 3-4%), estas tasas más bajas también afectarán la rentabilidad que puede garantizar el Estado.
[2] La deuda pública corresponde a las obligaciones financieras (bonos, préstamos) asociadas a deuda externa (bonos soberanos emitidos en el extranjero), deuda interna (principalmente bonos de Tesorería en pesos y UF), y la deuda contraída con instituciones multilaterales.
[3] Informe sobre Balance Estructural Nº 18. "Informe de evaluación y monitoreo del cálculo del Balance Estructural y nivel prudente de deuda: estimaciones 2023-2028" (11.03.2024).
[4] Informe del Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial. Diciembre 2023.
