El proyecto de ley que modifica nuestro sistema de votaciones, permitiendo realizar los próximos comicios de alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales en dos días, ha llegado hasta una Comisión Mixta.

Más allá de la discusión sobre la pertinencia de cambiar nuestra tradición de realizar el acto electoral en una jornada única, el debate legislativo también se ha centrado en otras disposiciones muy relevantes para nuestro sistema político, como las normas relativas al financiamiento de campañas y las multas económicas asociadas al incumplimiento del deber de votar.

Respecto al financiamiento de campañas, el Ejecutivo ha planteado establecer un mecanismo transitorio que regula nuevos montos de devolución a candidaturas y partidos políticos para la elección de alcaldes, concejales y consejeros regionales, reduciendo los montos de devolución por voto. Según el Investigador del Programa Política y Sociedad Civil, Jorge Ramírez, esta adecuación parece necesaria, considerando que nuestro país ha transitado desde un sistema de votación voluntaria a uno obligatorio. Sin embargo, no se produjo un ajuste en la fórmula de financiamiento.

“La falta de adecuación implicaría un gasto fiscal adicional de 30 mil millones de pesos, en un contexto de estrechez fiscal. Para tener un orden de magnitud, un aumento de 30 mil millones de pesos en el presupuesto es más de lo que cuesta el programa "Calle sin Violencia" y es equivalente a lo que se transfiere a Carabineros para el Plan Nacional contra el Crimen Organizado”, explica Ramírez.

En un contexto más amplio, la combinación de robustos esquemas de financiamiento público, tanto a las campañas, como a la actividad política ha generado incentivos perversos, alentando la conformación de partidos que no buscan necesariamente un fin de representación, las denominadas “pymes políticas". Como ejemplifica el Cientista Político, en la actualidad, hay 25 partidos legalmente constituidos ante el Servicio Electoral, 21 con representación parlamentaria y 6 partidos en proceso de formación ante el SERVEL.

Por último, se estima que las normas relativas a los cambios en los montos de devolución por voto deberían ser permanentes, no transitorias. “Se ha constatado que nuestro sistema electoral se ha visto severamente impactado por una serie de disposiciones transitorias que impiden abordar sus problemas desde una lógica sistémica e integral”, puntualiza el investigador.

Respecto al segundo debate, algunos parlamentarios oficialistas se opusieron al establecimiento de una sanción pecuniaria por no sufragar en los términos propuestos por el Ejecutivo, entre 32 mil y 200 mil pesos. Según Ramírez, esto ha dejado una norma de voto obligatorio sin sanción económica, lo cual no es adecuado.

En este contexto, es de esperar que la Comisión Mixta resuelva estos nudos críticos de la normativa electoral, atendiendo al impacto negativo para la calidad de la política y de nuestra democracia que genera la improvisación y la falta de una mirada integral a la hora de proponer cambios a nuestro sistema de votaciones.