La tercera Cuenta Pública del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, así como los anuncios hechos en ella, han abierto múltiples debates no solo respecto de las variables expuestas, sino que también respecto a cómo el Ejecutivo plantea llevar a cabo estas medidas.
SEGURIDAD: OMISIÓN DE DATOS Y FALTA DE MIRADA ESTRATÉGICA
En términos de seguridad y orden público, la Cuenta Pública tuvo un importante énfasis en este tema, con anuncios relativos al aumento de dotación de las policías y gratificaciones para Carabineros con labores de riesgos.
Sin embargo, en un escenario marcado por el aumento de la violencia de los delitos, el incremento de los secuestros, y la instalación del crimen organizado, incluyendo bandas transnacionales, en el discurso se advirtió la falta de una mirada estratégica y la ausencia de medidas concretas respecto al combate del crimen organizado. Además, de múltiples omisiones a datos relevantes. En lo que respecta a esto último, el investigador del Programa Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo, Daniel Rebolledo, hizo referencia a los resultados destacados por el Jefe de Estado, por ejemplo, respecto de homicidios consumados dijo que: “no hizo referencia a que, bajo esta administración, los delitos violentos (entre los que se encuentran homicidios, violaciones y portonazos y encerronas) alcanzaron su máximo histórico, según cifras de Carabineros. Tampoco mencionó los máximos históricos alcanzados en materias como la percepción de inseguridad ciudadana (según Enusc); la participación de armas de fuego en homicidios, según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y la mayor proporción de imputados desconocidos en el mismo tipo de delito, como dan cuenta cifras de la fiscalía”.
En esta línea, el investigador añade que el mandatario “olvidó referirse a que durante el 2023 en Chile aumentaron los índices de criminalidad organizada y disminuyeron los de resiliencia institucional frente a este mismo fenómeno (datos de GI-TOC), como tampoco se refirió a que durante los dos primeros años de este Gobierno se registraron más ingresos clandestinos al territorio nacional que en los cuatro años anteriores, según información de la PDI”.
Además, respecto al Plan Calles sin Violencia, Rebolledo apunta que “sería oportuno recordar que dicha política, a la fecha, carece de indicadores de resultados claros y precisos, así como de objetivos y metas. En tanto, no es evidente que la caída en el número de homicidios, que no puede aún clasificarse como un quiebre de la tendencia, pueda estar asociada a los esfuerzos del plan”.
EDUCACIÓN: IMPRECISIONES SOBRE LOS SLEP
Adicionalmente, en su discurso, el Presidente se mostró satisfecho por los avances que a su juicio experimentaron los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y, a partir de ahí, no hizo anuncios importantes respecto a estos. Sin embargo, pasó por alto que los SLEP que se encuentran en funcionamiento, en promedio, no superaron la mejora de establecimientos comparables y que el desempeño de estos sigue siendo tan heterogéneo como el que exhibía la administración municipal previa, de manera que no es posible afirmar que a la fecha estos estén realmente ofreciendo mejores condiciones para la gestión de la educación pública.
Las dificultades que han relevado las auditorías sobre diversos SLEP, la prolongada paralización que afectó al SLEP de Atacama –y que durante su Cuenta Pública el Presidente intentó desdramatizar-, así como los conflictos políticos que amenazan su buen funcionamiento, son problemas reales que deben resolverse.
En lo que respecta al plan de reactivación destacado por el Presidente, la Coordinadora del Programa Social de LyD, María Paz Arzola, aseguró que “mi opinión es que los ejes del plan de reactivación son adecuados. Sin embargo, las iniciativas son demasiado acotadas para la envergadura de lo que se requiere. Y han sido poco oportunas”.
La investigadora también dice que “no se ha entregado información sobre su desempeño, no se conocen las metas intermedias ni en qué medida se han cumplido o no. Esto último es fundamental antes de extenderlas”.
EMPLEO: FALTA DE INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN
En materia laboral, el Presidente puso énfasis principalmente en el proyecto de ley de negociación colectiva multinivel o ramal y en el proyecto de ley de equidad salarial, pero no hizo referencia alguna a incentivos al empleo, principal problema que atraviesa el mercado del trabajo hoy en nuestro país.
En esta línea, solo mencionó de manera superficial y sin mayor sustento estadístico, que al final de su mandato esperan haber creado 700 mil empleos. Además, las últimas mediciones del INE muestran que cerca del 50% de los empleos que se han creado son informales y, aunque, su cuenta pública el Presidente Boric mencionó el objetivo de reducir esta cifra, no hizo anuncios de acciones concretas o de plazos determinados para lograrlo.
Al respecto, cabe señalar que el mercado del trabajo permanece débil con una tasa de desempleo de 8,5%. El principal problema en esta materia es la falta de contratación por parte de las empresas, por lo que se necesita con urgencia incentivos que vayan en esta línea. El panorama a futuro no es muy auspicioso si se consideran las bajas proyecciones de crecimiento y las leyes aprobadas recientemente, que tienen impacto directo en empleos formales. Y sobre esto, tampoco hubo mención.