En el marco de la discusión de la reforma presentada por el Ejecutivo para realizar modificaciones a la Ley 21.040 que crea el Sistema de Educación Pública, la Coordinadora del Programa Social, María Paz Arzola, y la abogada del Programa Legislativo, María Trinidad Schleyer, presentaron ante la Comisión de Educación del Senado.
En esta instancia, las investigadoras ahondaron en las expectativas respecto la Ley 21.040, cuyo objetivo último fue mejorar el desempeño en la educación a fin de convertir a la educación pública en una opción de calidad para las familias. Sin embargo, al observar en la práctica el funcionamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), se advierte que no se han logrado superar las dificultades propias de la educación municipal, por ejemplo, en la gestión educativa, ni tampoco es claro que se esté enfrentando de mejor forma las tensiones de origen extra educativo. Según el Consejo Evaluador, hay antecedentes de mejoras en el apoyo técnico pedagógico que ofrecen los SLEP, sin embargo, persiste una heterogeneidad en sus resultados que impide sostener que el nuevo sistema supera a la administración municipal. El Sistema, por su parte, cada vez demanda más recursos, por lo que no es claro si se han logrado las economías de escala ni la homogeneización en las capacidades de los SLEP que se pretendía.
Para acentuar estos puntos, la Coordinadora del Programa Social expuso cifras extraídas de resultados del SIMCE: al comparar la trayectoria de los SLEP 2018 con la de establecimientos Particulares Subvencionados de sus mismas comunas, se observa una brecha persistente a favor de los últimos, de 11 puntos en Lectura -la más abultada de la serie- y de 8 puntos en Matemáticas -igual a la de 2017.
Respecto del proyecto en trámite, destacaron dentro de sus aspectos positivos que se amplía el plazo para efectuar los traspasos, se aclaran los roles del Comité Directivo y del Consejo Local, se permiten los reemplazos de docentes con licencias médicas prolongadas y el desarrollo de acciones administrativas para la habilitación de los SLEP, y que se establece la obligatoriedad del plan de transición y responsabilización de los alcaldes para su cumplimiento.
Dentro de las materias negativas, en tanto, señalaron que la creación de nuevas instancias de coordinación diluye responsabilidades, se aleja la toma de decisiones de lo local y no mejora la capacidad de los SLEP, no se favorece la solución de problemas de sobredotación y politización, y no se resuelve la falta de flexibilidad administrativa y financiera de la gestión escolar. Además, el proyecto de ley establece que la falta de oferta educativa deba resolverse por los SLEP, sin mirar las alternativas disponibles, y que el aumento de instancias de coordinación, de recursos del FAEP y nuevos cargos, no apunta a alcanzar economías de escala.
Arzola y Schleyer concluyeron ante los senadores que es necesario que el texto del proyecto de ley sea revisado y ajustado en la discusión en particular; que la implementación del Sistema de Educación Pública debe encontrar un equilibrio entre la necesidad de coordinación a nivel central con la autonomía en la gestión a nivel local y que el sistema debe ser capaz de adaptarse a las diversas realidades educativas del país y al mismo tiempo cumplir con su fin de brindar una educación de calidad para todos. Esto, dado que el nuevo Sistema presenta debilidades de fondo que se deben atender si lo que se quiere es que tenga un futuro prometedor: politización, sobredotación, ineficiencias e insuficientes capacidades.
