El Coordinador de Congreso Nacional, Juan Ignacio Gómez, expuso en la Comisión Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley de que modifica diversos cuerpos legales, en lo relativo a las sanciones de los delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones.
En la cita, el experto comenzó revisando sobre el proyecto de ley, afirmando que, si bien es adecuado modificar solamente “telefonía” por “telecomunicaciones”, la inclusión de los “equipos e instalaciones” no son servicios ni pueden ser interrumpidos. Su inclusión, como se ve, no es adecuada en este tipo penal.
El abogado de LyD enfatizó dos aspectos que hacen distinta la sustracción de cables de servicios públicos de otros delitos: el bien jurídico involucrado y la forma en que el delito se comete y el contexto en que se inserta.
Para concluir, Gómez expuso propuestas de mejoras al proyecto. “El rol del Servicio Nacional de Aduanas es fundamental para el control de las exportaciones de los productos robados o hurtados; a su vez, el Servicio de Impuestos Internos debe cumplir un rol en el control de trazabilidad mediante guías de despacho electrónicas, pero ello será eficaz en la medida que haya claridad de la ruta que siguen los productos, para permitir fiscalización focalizada”, enfatizó.
