La octava región genera cerca del 6,3% del PIB de Chile, en donde la industria forestal, pesquera y de alimentos, entre otras, tienen una importancia sustancial en la canasta exportadora de nuestro país. Para ello dispone de una infraestructura aeroportuaria que incluye siete puertos comerciales. Cuatro -Coronel, Lirquén, San Vicente y Talcahuano- son de carga general y tres especializados. Además, existen cuatro puertos industriales privados, Terminal Marítimo ENAP, Muelle CAP, Terminal Oxiquim y Terminal Abastible.
El puerto de Coronel exhibe el mayor movimiento regional de exportaciones y es así como en 2023 más de US$ 3 mil millones fueron embarcados allí con destino a los más diversos países del mundo, mientras que, en igual periodo, el movimiento en San Vicente y Lirquén bordearon los US$ 1,8 y US$ 1,4 miles de millones respectivamente.
Lamentable, este puerto ha sido afectado en los últimos 53 días por una huelga ilegal de trabajadores eventuales, quienes, mediante el uso de la violencia, han impedido su operación. La empresa señala que ha generado pérdidas por sobre US$270 millones, además de una serie de costos adicionales y la pérdida de 10 mil turnos portuarios. Se ha indicado que la paralización ilegal comenzó porque los huelguistas rechazaron que se comenzara a ejecutar la política de alcohol y drogas, lo que conllevaba que se tengan que someter a test aleatorios y posibles sanciones.
La violencia que ha estado presente en este proceso ha llevado a que, en la segunda reunión de diálogo, los huelguistas ilegales gritaron amenazas, se fueron de la reunión la reunión y bloquearon los accesos de Puerto Coronel. Ello impidió la salida de la Seremi del Trabajo, la directora del Trabajo y sus equipos, y de ejecutivos de la empresa durante varias horas.
Sin perjuicio que las autoridades de gobierno regional han tratado de apoyar en la solución del conflicto, el gobierno central, a través de los ministros del Trabajo y Economía, se niegan a adoptar alguna medida, como el desalojo de los violentistas, aduciendo que “el conflicto es entre la empresa y los trabajadores, no está gatillado por una acción del Gobierno”.
El gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz[1], solicitó la intervención del subsecretario del Interior, ya que la paralización ilegal “Está generando un daño grave a la región, ha causado severos trastornos económicos y logísticos en el área”, agregando que “los puertos requieren tener un entorno de seguridad a su alrededor”.
La legislación chilena, a través de la Ley de Seguridad Interior del Estado le otorga la facultad al Ministerio del Interior para querellarse expresamente contra aquellas personas que interrumpen o suspenden colectivamente el transporte o el comercio y que produzcan alteraciones del orden público, de acuerdo al artículo 11. Dicha ley, que se ha aplicado muy pocas veces, ha demostrado ser eficiente y eficaz y el Gobierno no ha querido invocarla.
Para Tomás Flores, Economista Senior de LyD, “evidentemente estamos ante una alteración sustancial del orden público, con un daño cuantioso sobre la actividad económica y la vida de las personas, por lo cual el gobierno tiene la indiscutible responsabilidad de reestablecer el orden de inmediato”.
[1] https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/50-dias-de-movilizaciones-en-puerto-coronel-las-razones-del-gobierno-para-no-invocar-la-ley-de-seguridad-del-estado/L7FU7QBIVJFPREW7I5Y4HSOJCY/
