Una vez más, y como ha sido la tónica cada vez que requiere recuperar el apoyo de sus partidarios más duros, el Gobierno manifestó su intención de avanzar en un proyecto de ley en que se condonen las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE). A la fecha, de acuerdo con las cifras de la Comisión Ingresa –organismo a cargo de la administración del crédito-, desde el año 2006 cuando se crea este beneficio hay un total de 1,2 millones de personas que lo han recibido, de los cuales 896 mil se encuentran en período de pago.
¿Es viable una condonación universal del CAE?
La respuesta es que no. Según cifras de Ingresa, hasta 2023 la cartera de deudas del CAE asciende a US$ 11.800 millones, de los cuales US$ 8.500 millones ya se encuentran con obligación de pago. Esto significa que –independiente del plazo- el Fisco debiera desembolsar una suma de, al menos, esa magnitud si quisiera llevar adelante una condonación total, lo que, más allá de la retórica, implica reconocer dicho gasto en la próxima Ley de Presupuestos. Así, vemos que este monto, que representa cerca de un 4% del PIB, es a todas luces prohibitivo. Pero no sólo eso, es difícil pensar que una condonación hoy no venga seguida por una nueva demanda al respecto en el futuro, de manera que el costo real de esta medida excede el financiamiento de la cartera de deudas vigente y tendría un profundo impacto sobre la viabilidad de cualquier sistema de créditos en el futuro.
Así, condonar hoy elimina –o reduce al mínimo- la posibilidad de que alguien pague un crédito estudiantil en el futuro y, por lo tanto, hace además inviable un nuevo sistema de créditos estudiantiles, lo que presionaría al Fisco a avanzar en la gratuidad incluso para aquellos estudiantes que ya pertenecen a las familias de mayores ingresos y para aquellos que lo serán después de egresados, nada de lo cual es financieramente posible. Más aún, resulta una irresponsabilidad dejar al sistema de educación superior dependiendo de la capacidad financiera del Estado en un momento de inmensos desafíos de modernización y globalización, así como de diversas urgencias sociales en otras áreas de interés social.
¿Es justa la condonación universal del CAE?
No, no es justa. Como muestra la Tabla 1, hasta el año 2015, es decir, antes de que se introdujera la gratuidad de la educación superior –que hoy cubre a los alumnos pertenecientes a los 6 primeros deciles de ingreso en 69 instituciones-, más de la mitad de los nuevos beneficiarios del CAE cada año provenían del 40% de menores ingresos del país (quintiles 1 y 2). A partir de ahí, sin embargo, dicho porcentaje fue cayendo de forma sostenida, aumentando la proporción de beneficiarios pertenecientes al quintil 5, esto es, al 20% de mayores ingresos del país. De este modo, se calcula que en la última década 46% de los beneficiarios del CAE son jóvenes que al obtener el crédito provenía de los quintiles 4 y 5 –el 20% de mayores ingresos del país-, por encima del 38% que venía de los quintiles 1 y 2. Así también, al analizar todo el período se calcula que del total de beneficiarios desde 2006, 35% pertenecía a los quintiles 4 y 5 y 48% a los quintiles 1 y 2.
Ahora bien, según los estudios disponibles, gracias al alto retorno en términos que tiene la educación superior en nuestro país[i], se estima que quienes pasan por este nivel educativo aumentan significativamente sus ingresos. En esa línea, un análisis de la Subsecretaría de Educación Superior del año 2020[ii] en que se cruzaron las bases de datos del CAE con las del Registro Social de Hogares (RSH) para obtener la situación socioeconómica de los deudores tras el egreso, indica que del total de quienes obtuvieron el beneficio cuando pertenecían a los quintiles 1 y 2 de la población –el 40% de menores ingresos- 65% logró mejorar su posición relativa y alcanzar un quintil superior. Más aún, un 45% avanzó hasta los quintiles 4 y 5, es decir, hacia el 40% de mayores ingresos del país. Si bien estas cifras aún son una subestimación de los avances en movilidad exhibidos –pues el RSH contiene a la población de menores y no mayores ingresos del país-, en definitiva sugieren que la condonación universal no sólo no se sostiene por ser una política prohibitiva en términos del gasto que requiere, sino que además no se justifica por ser una iniciativa regresiva, que distrae recursos de la población más desaventajada y vulnerable del país, la mayor parte de la cual ni siquiera ha tenido la oportunidad de acceder a educación superior.
Para más información respecto al CAE, los invitamos a revisar el último estudio que realizamos al respecto aquí.
[i] Según Education at a Glance 2021 (p. 93), Chile es país de la OCDE donde los trabajadores con educación superior obtienen un mayor ingreso en comparación con quienes sólo finalizaron la enseñanza media.
[ii] Análisis realizado en el contexto de la Mesa Técnica de Financiamiento de la Educación Superior, creada mediante la glosa 20 del programa Educación Superior en la Ley de Presupuestos de 2020.
