En cada discusión de modificación tributaria al sector minero, se revive la demanda de conceder más recursos a las regiones donde se ubican los yacimientos. Analizando el periodo entre 2008 y 2023, el Estado les ha entregado a dichas regiones un total de USD 2.393 millones a través de tres líneas de financiamiento. De ellas, solo el Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC-R) ha sido evaluado.

Los datos demuestran que, salvo excepciones, los recursos entregados no han logrado un cambio drástico en el perfil de las actividades económicas desarrolladas por cada región. Esto no es malo per se, pues significa que la ventaja competitiva que tienen las regiones sobre recursos que son valiosos se impone. Tratar de avanzar en sentido contrario, dejando de explotar las ventajas que se poseen, sería absurdo.

Sin embargo, dada la cuantía de los recursos involucrados y ante la pronta entrada en vigencia de la Ley N°21.591 sobre royalty a la minería, cabe cuestionarse la eficiencia de estos mecanismos y evaluar la efectividad del gasto respecto a los propósitos que se les exigen. De esta manera, se podría ponderar la factibilidad de transformar estos fondos de modo de reencauzarlos a necesidades más urgentes de la región.