- A través de los diversos mecanismos que dispone la respectiva Ley se han distribuido un total de más de 358 mil hectáreas a personas o comunidades indígenas en el mismo territorio. Lo anterior equivale a una superficie 40 veces mayor que la de una comuna como Puente Alto.
- Al analizar la distribución de las mismas variables a nivel de regiones, se observa una concentración mayoritaria, tanto del gasto como de la superficie distribuida, en la Región de La Araucanía, la cual reúne a más del 70% de los recursos gastados en el periodo.
- Los mandatos de la presidenta Bachelet reúnen un 43% del gasto ejecutado para estos efectos durante los últimos 30 años, y un 39% de las hectáreas subsidiadas, financiadas o transferidas.
- Tan solo 10 comunas (Victoria, Vilcún, Freire, Traiguén, Tirúa, Curacautín, Cañete, Ercilla, Galvarino y Lautaro) logran reunir un 50% de todo el gasto ejecutado por el Estado destinado a la compra de tierras de la Macrozona Sur.
- Según datos de Carabineros, de los 6.531 eventos asociados a la llamada “violencia rural” registrados entre los años 2013 al 2021, un 56% de estos se concentran en alguna de las 10 comunas indicadas.
El estudio de Libertad y Desarrollo “Una mirada crítica a la política de tierra indígena en Chile” evalúa la efectividad en la ejecución de la Ley Indígena (Nº19.253), específicamente en lo que concierne a la entrega de tierras, tanto en su dimensión de gasto por parte del Estado como también de la amplitud de la superficie distribuida, desde el comienzo de la ejecución del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas, el año 1994, a septiembre de 2023. Para esto el estudio se centró en aquellas tierras entregadas a comunidades y personas mapuches de la Macrozona Sur (regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos) por ser este territorio y este pueblo donde han existido más problemas respecto a la propiedad de tierras a lo largo de la historia. Además, dado que es en esta zona donde se concentran los títulos de merced y donde ha surgido, con cada vez más fuerza, el fenómeno de la llamada “violencia rural” o del terrorismo en Chile.
Según el análisis, no es posible concluir que las políticas que se desprenden de la Ley Nº19.253 haya significado una real solución a los problemas que viven las personas indígenas de la Macrozona Sur. Lo anterior, en tanto la pobreza en este segmento se ha mantenido sistemáticamente por sobre los niveles del resto de los chilenos y, además, porque sigue vigente la demanda de restitución de tierras por parte de quienes pertenecen al pueblo mapuche. A esto se suma también el hecho de que, en esta zona del país, la violencia ha aumentado progresivamente en las últimas décadas, volviéndose cada vez más común la realización de actos terroristas como el ataque y el asesinato tanto de civiles como de fuerzas policiales.
Considerando el periodo desde que comenzó a ejecutarse el Fondo para Tierras y Aguas Indígenas, en 1994, hasta inicios de septiembre del 2023, el Estado ha gastado más de $700 mil millones en tierras indígenas en la Macrozona Sur, cifra que, en pesos de septiembre de 2023, supera el billón de pesos (más de US$1.200 millones). Por otra parte, a través de los diversos mecanismos que dispone la respectiva Ley (el subsidio, el financiamiento directo o el traspaso de predios fiscales), se han distribuido un total de más de 358 mil hectáreas a personas o comunidades indígenas en el mismo territorio. Lo anterior equivale a una superficie 40 veces mayor que la de una comuna como Puente Alto.
Al analizar la distribución de las mismas variables a nivel de regiones, se observa una concentración mayoritaria, tanto del gasto como de la superficie distribuida, en la Región de La Araucanía, la cual reúne a más del 70% de los recursos gastados en el periodo, además de la mitad de las hectáreas distribuidas a comunidades o personas indígenas a través de mecanismos del Estado en la Macrozona Sur.
De acuerdo a las cifras, el estudio arrojó que casi un tercio del gasto (30%) se ejecutó durante el segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet (2014-2017), esto supuso un aumento del 78% respecto al periodo presidencial anterior, mientras que la adquisición de tierras por comunidades o personas indígenas alcanzó un 17% en el mismo gobierno. En suma, los mandatos de la Presidenta Bachelet reúnen un 43% del gasto ejecutado durante los últimos casi 30 años y un 39% de las hectáreas subsidiadas, financiadas o transferidas.
Se observa también una alta concentración de gasto y de tierras distribuidas en el grupo de comunas conformadas por Victoria, Vilcún, Freire, Traiguén, Tirúa, Curacautín, Cañete, Ercilla, Galvarino y Lautaro. Estas se ubican, con una distancia considerable, por encima del resto en cuanto al gasto. Como manera de dimensionar la magnitud de esta diferencia, podemos señalar que el mencionado grupo, pese a ser solo 10 comunas, logra reunir un 50% de todo el gasto ejecutado por el Estado destinado a la compra de tierras de la Macrozona Sur.
Junto con la concentración de recursos, podemos identificar, además, que aquellas comunidades indígenas que se constituyen en las 10 comunas señaladas, han obtenido una mayor proporción de respuesta a las eventuales demandas de tierras por parte del Estado. De esta manera, observamos que un 42% de las comunidades de estos territorios han obtenido al menos un financiamiento, subsidio o traspaso, mientras que para el resto de las comunas dicha proporción es de 24% (una diferencia de 18 pp.). En otras palabras, podríamos decir que existe un trato diferenciado por parte del Estado hacia las comunidades indígenas de la Macrozona Sur, en donde quienes viven en determinadas comunas tienen una posibilidad mucho mayor de que sus demandas de tierras sean resueltas.
Por último, no es posible evadir la interrogante de qué papel juega la violencia presente en la zona a la hora de aplicar los criterios de gasto y distribución de tierras por parte de las autoridades. Sobre todo, teniendo en cuenta que la violencia en la zona ha aumentado progresivamente con los años, quintuplicándose el número de eventos violentos según cifras de Carabineros, pasando de un total de 305 el año 2013 a 1.731 el 2021. En este sentido, es preciso señalar que, según datos de Carabineros, de los 6.531 eventos asociados a la llamada “violencia rural” registrados entre los años 2013 al 2021, un 56% de estos se concentran en alguna de las 10 comunas indicadas.
