En el contexto de su participación en la mesa técnica que busca viabilizar el proyecto de transición energética, LyD presentó esta semana sus observaciones al informe con las propuestas del Gobierno.
El documento plantea que la licitación propuesta por el ministerio de Energía no es necesaria ni conveniente, independientemente de su forma y magnitud, ya que el mercado ya está generando la capacidad necesaria y la licitación de baterías por el Estado representa una manipulación del sistema de precios de la electricidad, pues altera los CMg y las señales para que los agentes generadores tomen decisiones en base a señales de mercado y, por tanto, la disposición de tomar riesgos. Con ello, plantea el informe, “se afecta así, por una decisión externa, las inversiones en baterías que están efectuando los agentes, pues se alteran sus expectativas sobre arbitraje de precios entre horas diurnas y nocturnas”.
Se plantea que una licitación de este tipo constituye un precedente peligroso para la certidumbre de las reglas del juego en el sector eléctrico, basado en la interacción de señales de precios e inversiones privadas, abriéndose así la puerta para que a futuro el Estado licite centrales o dispositivos que van a alterar los precios, que son el motor de las decisiones de los agentes productores y consumidores.
Así, LyD propone eliminar la disposición del proyecto sobre licitación de almacenamiento. Ahora bien, si se perseverara en la idea de licitar almacenamiento, como “second best”, se propone definir por una sola vez un monto total a licitar en el período 2023-2030, y que se licitara, si fuera necesario, solo una cantidad relacionada con la diferencia entre la potencia teórica definida por el Coordinador Eléctrico Nacional (o la CNE) como “conveniente” para cada año de dicho período, y la potencia total que están desarrollando los generadores. Adicionalmente, se estima desaconsejable separara la licitación entre adjudicatario y proveedor del servicio, sugiriéndose, en este caso, una administración única, debiendo ella licitarse.
Representaron a LyD en la mesa técnica la Economista Senior, Macarena García; el abogado, Juan Ignacio Gómez, junto a los expertos Sebastián Bernstein, Consejero de Políticas Públicas) y Renato Agurto, investigador asociado.
