Ayer se dieron a conocer las conclusiones de la Comisión Técnica de la Comisión de Salud que apoya el trabajo de esta Comisión en el Senado para destrabar la ley corta de Isapres. El informe busca implementar los recientes fallos de la Corte Suprema, resguardando que se mantenga la cobertura de salud de casi 3 millones de chilenos afiliados a las Isapres y evitando que una caída de las seguradoras signifique la quiebra de clínicas que atienden también a los afiliados a Fonasa.

El informe tenía la misión de crear una aplicación de los fallos que fuese consistente con la legislación vigente, que resolviera los vacíos que dejaron los fallos de la Corte Suprema y que diera certeza jurídica. Para ello plantean una serie de medidas que, si bien se hacen cargo de la adecuada implementación de los fallos de la Corte Suprema, no resuelven la delicada situación financiera de las Isapres previa a los fallos. De esta forma, se busca evitar la compleja situación sanitaria que significaría el colapso de las aseguradoras privadas.

Para ello las Isapres deberán hacerse cargo de una deuda de aproximadamente US$450 millones. Este es un monto muy relevante, comparable a las utilidades que obtuvieron entre 2012 y 2020. Además, deberán disminuir sus gastos de administración y ventas en beneficio que los recursos que aportan los afiliados vayan a su atención de salud. Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas de LyD y miembro de la comisión, afirmó que “parte importante de la solución corre por parte de las mismas Isapres”.

En el caso de los afiliados, si bien algunos verán disminuir los precios de sus contratos de salud, un porcentaje sufrirá incrementos. Eguiguren explica que ello significará un esfuerzo para los afiliados, “pero es coherente con un sistema más solidario donde no hay discriminación entre hombres y mujeres”.

El Gobierno deberá ahora traducir rápido y fielmente los acuerdos de esta comisión (que abarcó a representantes desde la UDI al Frente Amplio) en indicaciones para que se pueda avanzar con el máximo sentido de urgencia en la tramitación de este proyecto de ley.

Una vez estabilizado el sistema y con la garantía que los afiliados no tendrán inconvenientes para mantener sus coberturas de salud, se debe avanzar en un acuerdo político que permita: en primer lugar, resolver las listas de espera de la salud estatal y, luego, perfeccionar el sistema de seguros privados que permitan terminar con las preexistencias y que más chilenos puedan acceder a una salud oportuna y de calidad.