Han transcurrido cuatro años de incertidumbre, estancamiento y dolorosas secuelas de la asonada que golpeó a nuestro país. El tiempo, por cierto, permite una visión más razonada, fundamentada y menos apasionada de los hechos.

En el último estudio de Criteria “Subjetividades a 4 años del estallido social”, por primera vez desde acontecido el estallido, los encuestados muestran una mirada crítica respecto de los efectos de los sucesos de octubre 2019 para el país.

De hecho, la cifra de quienes piensan que el estallido fue positivo ha caído desde julio de 2020 a octubre de 2023 en 22 puntos porcentuales. Por contrapartida, en el mismo periodo, quienes señalan que el estallido fue negativo para el país crecen desde 33% a 55%. En otras palabras, el ocaso del octubrismo.

Pero más allá del juicio crítico hacia el estallido, es preciso señalar que el descontento social, persiste. Señal inequívoca de que la apertura del proceso constitucional, si bien contribuye a despejar incertezas y a disminuir la inestabilidad política e institucional, nunca fue la causa original del malestar ciudadano.

De hecho, un 67% de los encuestados en el mismo estudio de Criteria considera que hoy existen motivos para que la gente se manifieste en las calles. Probablemente, en esta cifra también se ven reflejadas las profundas frustraciones que ha generado la administración del Presidente Boric. No por nada el porcentaje de encuestados identificados con la derecha que sostiene que hay motivos para manifestarse aumenta desde 33%, en septiembre de 2021, a 60% en octubre de 2023. Pero más allá de este grupo, dentro del mundo independiente, que es el más significativo del país, la cifra de quienes consideran que aún hay motivos para movilizarse, se mantiene en torno al 70%. Es posible inferir de estas cifras, que aún hay una demanda por una agenda social robusta, insatisfecha.

Así, los grandes problemas del país no parecen ser de naturaleza constitucional, sino que tienen relación con el enfoque de las políticas públicas que un sector de la dirigencia política ha asumido durante la última década: escasos incentivos al crecimiento económico y la inversión, excesivas trabas a la innovación, desidia a la hora de enfrentar con convicción temáticas complejas, pero no menos relevantes, como el déficit habitacional o las listas de espera en salud, así como también complejos atávicos para abordar con firmeza una agenda de seguridad ciudadana que satisfaga la sentida demanda por orden y seguridad por parte de la ciudadanía.

Por último, resulta sano para el juicio histórico que se abra un debate en torno al rol institucional de determinados actores del mundo político ex ante, ex dure y ex post sucesos de octubre de 2019. La agitación y exaltación a la violencia política y urbana, los intentos por desestabilizar institucionalmente a un Gobierno democráticamente electo por la vía de acusaciones constitucionales, a lo que se añaden tempranas solicitudes de término anticipado del mandato soberano, constituyen antecedentes que, ciertamente, mirados con mayor perspectiva y ponderando los efectos de mediano y largo plazo generados en nuestro país, ameritan que quienes abrazaron esta estrategia, brinden una explicación al país respeto de su accionar.

El costo de la legitimación de la violencia ha sido demasiado alto y sus efectos, igualmente profundos.

Extracto del Informe de Coyuntura Política de octubre 2023.