Los informes de la Dipres para las subsecretarías de Prevención del Delito e Interior señalan que los programas destinados a enfrentar la delincuencia en los territorios más vulnerables, así como a enfrentar el crimen organizado en el país, han ejecutado menos de un 1% de sus respectivos presupuestos durante el primer trimestre de este año.
Es el caso de los programas “Somos Barrio Comercial Protegido”, orientado a reducir los factores de riesgos asociados a la seguridad pública en barrios comerciales, el nuevo “Sistema Municipal de Seguridad”, a través del cual se destinan recursos a las municipalidades para enfrentar sus carencias en materia de seguridad, el programa “Somos Barrio Prioritario”, cuyo objeto es disminuir la inseguridad de los vecinos que habitan en alguno de los 38 los barrios priorizados a lo largo del país y la Política Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO) la cual se constituyó como el gran anuncio del gobierno en materia de seguridad durante la discusión del presupuesto nacional para este año.
Para Daniel Rebolledo, investigador de Libertad y Desarrollo (LyD), “la baja ejecución del presupuesto en materias como la protección de los barrios comerciales contrasta enormemente con la alta tasa de victimización del comercio que, según un reciente estudio de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), alcanzó su máximo histórico”.
Por otro lado, señala el investigador, “todos aplaudimos la decisión del gobierno de crear una Política Nacional contra el Crimen Organizado que, además, tendría un presupuesto nunca antes visto de más de $65 mil millones. Sin embargo, al observar la nula ejecución de estos recursos, al haber transcurrido ya tres meses de este año, surge la duda de si el gobierno tiene efectivamente la capacidad de poder llevar adelante este tipo de políticas.”
“A lo anterior hay que sumarle, además, el hecho que el año pasado el gobierno solo fue capaz de ejecutar un 31% de los casi $70 mil millones que Carabineros y la PDI tenía disponible para llevar adelante proyectos de inversión policial, es decir, proyectos de construcción o reposición de comisarías, retenes o cuarteles.”
“Todos estos antecedentes nos hacen tomar con cautela el anuncio, por parte del Gobierno, de querer incrementar el presupuesto anual de seguridad en US$1.500 millones (cifra equivalente al presupuesto total de Carabineros para este 2023). Disponer de mayores recursos es una buena noticia, pero se necesita tener claridad del destino de estos últimos y certeza de que efectivamente van a ser ejecutados, algo que las actuales autoridades no han sido capaces de demostrar a más de un año de haber iniciado su mandato”, concluye Rebolledo.
