Con un bajo perfil está trabajando la comisión de 24 expertos encargada de elaborar el anteproyecto constitucional que será la base del debate que deberán abordar, desde mediados de año, los 50 consejeros electos en los comicios del próximo 7 de mayo. La labor de los expertos ya ha avanzado en tres capítulos relevantes: fundamentos del orden constitucional; derechos y libertades fundamentales (junto con garantías y deberes constitucionales); y representación política y participación.
Bettina Horst (51), magíster en Economía con mención en Políticas Públicas de la Universidad Católica y directora ejecutiva del centro de estudios Libertad y Desarrollo, forma parte del grupo de expertos (en cupo UDI) e integra la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Medioambientales.
Y es precisamente en esa subcomisión donde se han producido algunos de los debates más ásperos, ya que los especialistas del oficialismo defienden la idea de establecer lo que se ha denominado un 'Estado social de bienestar', frente al 'Estado subsidiario' que varios expertos de oposición consideran esencial para garantizar la libertad de elección de los ciudadanos.
Pese a ello, Horst considera positiva la dinámica que se ha dado hasta ahora en la instancia, porque 'como se ha visto desde afuera ha primado el diálogo y un buen clima, más allá de las distintas posiciones que uno pueda tener'.

"No cambiar todo simplemente por cambiar"
—¿Cree que el fracaso del proceso anterior se debió a que no hubo voluntad de buscar acuerdos y se trató de imponer algunas posturas por sobre otras?
—El fracaso final fue el contenido del texto propuesto. La construcción de esa propuesta fue en un contexto de cancelaciones, de descalificación al que pensaba distinto, de no escuchar y de una conformación de un grupo muy distinto a otros espacios de deliberación política, como el Congreso. Desconocía también lo ocurrido democráticamente en los últimos 30 años y generaba mucha incertidumbre hacia el futuro. La pregunta que ahora nos hacemos es sobre los problemas que hoy enfrentamos como país y cuál es la redacción que tenemos en la actual Constitución que no nos permite abordarlos. Y eso tenemos que mejorarlo. No cambiar todo simplemente por cambiar, sino mejorar las cosas que efectivamente no están funcionando.

—Acogiendo esa tesis, uno de los temas que parece no estar funcionando es el de otorgar seguridad social a la mayoría de la población en ámbitos tan relevantes como salud, vivienda, educación o previsión, entre otros.
—El que esté o no esté en la Constitución no significa que el Estado no se haga cargo del rol social. Sabemos que hay grandes desafíos que no son fáciles de abordar por más que lo diga una Constitución. Por ejemplo, si vamos al derecho a la vivienda sabemos que actualmente hay un déficit cercano a 650.000 viviendas y lo que entrega la política habitacional año a año es un monto muy inferior. Es importante entender que lo que se ha construido durante los últimos 30 años en política social apunta precisamente a un crecimiento del rol del Estado en esa área. Pero eso corresponde a las políticas públicas, no a lo que dice la Constitución.

—Es cierto que hay políticas públicas que se han podido desarrollar dentro de la actual institucionalidad. Pero hay otras, como el sistema de AFP, que en la práctica ha tenido muy pocas modificaciones y que no garantizan pensiones mínimamente dignas para una gran mayoría.
—Si hablamos del sistema de pensiones hay que separar algunas cosas. Uno es lo que dice la Constitución y otro lo que ha sido la política pública. Las AFP tienen un rol muy acotado que es básicamente administrar los ahorros acumulados. No son responsables de fijar ni la tasa de cotización, ni la edad de jubilación y tampoco de hacerse cargo de las lagunas o la falta de aportes que existe en el mercado del trabajo. Hoy las bajas jubilaciones son producto del sistema de pensiones que tenemos. Dicho eso, con la legislación que establece la Constitución vigente, sumado a los mayores recursos con que ha contado el Fisco, se ha establecido la Pensión Garantizada Universal (PGU) que es una política prácticamente universal y que uno podría decir que es más bien propia de un Estado de bienestar.

—Pero la PGU se estableció como una especie de complemento para tratar de mejorar el bajísimo nivel de pensiones que está recibiendo la gente.
—Hoy vemos, y así lo demuestran las cifras de la Superintendencia de AFP, que sobre todo en los sectores de menores recursos, la PGU ha significado un cambio importantísimo en las pensiones que se reciben. Hoy día con la PGU las pensiones alcanzan a 210.00 pesos.

—¿Y quién vive actualmente con esa cantidad si ni siquiera se acerca a lo que es el salario mínimo?
—Efectivamente es muy difícil. Por eso hay gente de la tercera edad que vive con más personas o como allegados, de forma tal de poder compartir gastos. Por eso la PGU asegura un piso mínimo y yo no lo iría subiendo en forma general, sino que focalizándolo en los sectores que tienen menores ingresos, porque de lo contrario se va a ir restando el nivel de recursos públicos que se pueden destinar a otras áreas. Hay que entender que la PGU es un complemento a los ahorros que generan las personas. Y ahí hay un gran desafío en cómo logramos que la gente cotice más para su vejez. Cuando vemos el mercado laboral hoy día, donde sólo el 55% de las personas se encuentran ocupadas y un 30% es informal, sin duda se impone un desafío importante de cómo se financian las pensiones de la inmensa mayoría.

"La Constitución actual es compatible con el sistema que plantea el Gobierno"
—Se ha planteado la necesidad de un cambio más sustancial en el sistema de pensiones, que abra opciones distintas o complementarias al régimen de las AFP.
—Creo que siempre es bueno que existan distintas opciones. Lo que hay que tener claro es que en la medida de que la política pública avance en abrir un abanico de alternativas, también tiene que dar la certeza de que no vayan a ser empresas que puedan quebrar o que den un mal uso de los fondos, porque una cosa en la que hay consenso es que la rentabilidad que han entregado las AFP ha sido buena comparada con el resto del mercado. Cualquier nuevo actor que entre a administrar esos fondos acumulados tiene que ser regulado para asegurar que no van a ser mal invertidos.

—En ese escenario ¿considera viable la propuesta del Gobierno de elevar la cotización previsional en un 6% con aportes públicos y patronales que se orienten a crear un fondo solidario?
—La Constitución actual es compatible con el sistema que plantea el Gobierno, que es un ahorro colectivo con ese 6% adicional. Pero existe el riesgo de que, en algún momento, los recursos de ese fondo, de los cuales los trabajadores no van a ser dueños, puedan ser asignados a otro fin, como mejorar las pensiones actuales desfinanciando las futuras. Y esa es la alerta que yo levanto.

—¿Y cómo se puede evitar ese riesgo?
—Hoy los ahorros previsionales son propiedad de los trabajadores y nadie se los puede quitar para gastarlos en otras personas. Esa es la esencia y es compatible con el nuevo texto constitucional. En definitiva, lo que uno esperaría es que efectivamente los fondos ahorrados estén blindados del poder político, que podría querer gastarse esos recursos hoy y no dejarlos para financiar las pensiones de mañana. Lo que yo quiero transmitir es que con una nueva Constitución, con un eje más fuerte en temas sociales, no necesariamente se van a producir mejoras inmediatas para quienes son más vulnerables en nuestra sociedad.

—Pero creo que eso la gente lo entiende. Sabe que una Constitución no es una varita mágica, sino más bien un punto de partida para ir creando un nuevo sistema político- social.
—Yo no sé. Muchas veces cuando vemos las campañas de quienes se están postulando a consejeros a este proceso constitucional o de los políticos en general, se plantea que a través de cambios legales o institucionales se puede generar una nueva realidad y la verdad es que eso es mucho más difícil.

"Se ha sobredimensionado el tema de la Constitución"
—Pero, en definitiva, ¿usted cree realmente necesaria una nueva Constitución o piensa que haciéndole algunas reformas a la actual se pueden materializar los cambios que el país requiere?
—Yo soy parte de un grupo que tiene como misión redactar una nueva Constitución. Pensar que eso es o no es necesario ya es parte del pasado. Lo importante es recoger la experiencia de los últimos años y no querer terminar con aquellas cosas que le han dado certeza y estabilidad a este país.

—¿Cómo cuáles?
—Por ejemplo, la independencia del Banco Central no ha sido cuestionada, ya que efectivamente ha permitido crear una estabilidad en los precios. Eso es un contraste con el texto anterior que refundaba todo lo que existía, en circunstancias de que todos sabemos que no es necesario reformular las cosas que están bien.