La semana pasada, Francisca Toledo, investigadora del Programa Económico, presentó frente a la Comisión de Energía y Minería del Senado sobre el proyecto de ley que establece en favor del Estado una compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio.
La investigadora señaló los dos primeros pilares del proyecto a modo general, en primer lugar destacó el diseño y recaudación del nuevo royalty, luego en segundo lugar se refirió a los recursos destinados a regiones, que incluyen distribución, montos, efectividad junto a accountability y transparencia.
Dentro del primer ítem del diseño y recaudación del nuevo royalty, se indican dos principales preocupaciones la tensión entre la urgencia de recursos con la sostenibilidad del rubro minero en el mediano – largo plazo. Como segundo ítem se señala la fractura del acuerdo entre el Estado y las faenas mineras, y en tercer lugar se tilda a la propuesta como un retroceso al desacoplar el tributo del margen operacional de las faenas, y asociarlo a factores como el precio del cobre.
La economista por otro lado contextualizó el complejo escenario que presenta la realidad minera nacional, dentro de esta crisis está la caída en leyes del mineral, como también se destaca que el costo de extracción ha aumentado, y a ello se suma la caída de la participación Chilena en la producción mundial de un 36%, 2003 – 2005 a un 28% el 2019.
Se entiende que por ende el diseño no responde a la realidad nacional frente al componente “Ad Valorem”: del porcentaje de las ventas anuales de cobre, como también por otra parte el componente “Margen Minero” que se conoce como la base imponible de la Renta Imponible operacional Minera Ajustada más conocida como RIOMA.
Según Francisca es un riesgo recaudar a costa de la competitividad presente, señalando que la carga tributaria subiría desde una tasa efectiva actual de 38%-39% a niveles sobre 50%. Según las observaciones de la investigadora, ella presenta una serie de sugerencias de cómo lograr una carga tributaria total competitiva, proponiendo una fórmula que incluye el componente “Ad Valorem”, sumado al componente “Margen Minero”.
Finalmente la investigadora ahonda en el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo. La cadena de distribución, el uso efectivo de los recursos, agregando que el fondo estará constituido por recursos anuales de la Ley de Presupuestos. De acuerdo a los puntos mencionados se le suma que el Ejecutivo e comprometió a incrementar recursos FIC – R, indicando que no está en PDL, asumiendo el compromiso de duplicar aportes al fondo desde 2025, si se aprueba ley de Royalty. Con ello, el aporte llegará a US$100 MM al año.
Como también distribuir el 60% a regiones mineras (Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins) y el 40% a las regiones no mineras, así como también otros ajustes comprometidos.
Para finalizar, Francisca, propone algunas indicaciones como incorporar aprendizajes del FIC – R, de acuerdo a algunos hallazgos del informe de Evaluación del Programa Gubernamental de junio del 2020, el cual presenta carencias de información, donde no está institucionalizado hacer evaluaciones del FIC-R. Por lo tanto la investigadora propone:
- Diseñar una base de datos de iniciativas del FIC-R de cada región, que permita el seguimiento y análisis de la ejecución del FIC-R por región y a nivel nacional.
- Definir un modelo de evaluación que mida el desempeño de los FIC-R, considerando las dimensiones de eficacia, calidad, eficiencia y economía.
Como conclusión, la economista sugiere a modo general un esfuerzo de concentrar la tributación minera en un solo cuerpo legal, que la carga tributaria no puede quitarle a Chile su atractivo minero, que el Royalty no puede llevarnos a la quiebra y que el diseño debe ser coherente con la realidad minera nacional.
Nuevamente la investigadora propone como sugerencia los detalles de los fondos a regiones, para ello es necesario revisar que no exista duplicidad de objetivos, crear un sistema homogéneo y único de seguimiento de los proyectos financiados que entregue transparencia y permita que terceros evalúen el desempeño del fondo y finalmente publicar anualmente un informe que dé cuenta del uso de los recursos destinados al FIC - R y al nuevo Fondo.
