El gobierno tiene plazo hasta este viernes, 30 de septiembre, para ingresar la Ley de Presupuestos del 2023 al Congreso para iniciar su discusión parlamentaria. Siendo este un proceso que se repite anualmente, el presupuesto fiscal del próximo año reviste, por varios motivos, de una particular importancia.
Uno, porque este presupuesto es el primero del nuevo gobierno, por lo cual debiera traslucir la orientación de su programa de gobierno.
Segundo, porque luego del crecimiento del gasto público de 10,4% en 2020 y 33,4% en 2021, para enfrentar la pandemia, se generaron importantes desequilibrios fiscales reflejados en el déficit estructural (10,7% del PIB en 2021) y en la deuda pública (36,3% del PIB a fines del 2021). Por tanto, el próximo año se debe continuar con el proceso de consolidación fiscal iniciado en 2022 con la disminución de 24% real del gasto público.
Tercero, porque para 2023 se espera una caída de la actividad económica, el consumo y la inversión, situación que requerirá de una respuesta reactivadora por parte de la política fiscal.
Cuarto, porque, para enfrentar la pandemia, la política fiscal del bienio 2020-21, fue extremadamente expansiva, por lo que este aspecto pasó a ser uno de los determinantes de la elevada inflación doméstica (14,1% anual en agosto del 2022) y del extraordinario déficit en cuenta corriente (-8,5% del PIB en el segundo trimestre de 2022). Por tanto, el presupuesto del próximo año debe resolver adecuadamente la disyuntiva entre reactivar la economía, pero sin generar excesivas presiones de gasto que alienten nuevas presiones inflacionarias.
Quinto, porque el diseño del plan de gobierno que comenzará a delinearse a través de los distintos gastos plasmados en el presupuesto, pero con ingresos fiscales altamente inciertos, debe ser coherente con el plan de consolidación fiscal que consiste en alcanzar la meta de déficit estructural fijada para 2026 de 0,3% del PIB.
Sexto, porque el decreto de política fiscal, donde el Ministerio de Hacienda establece su compromiso de balance estructural, sólo determina un punto de partida en 2022 y uno de llegada en 2026 para el déficit estructural (3,3 y 0,3% del PIB, respectivamente), sin comprometer metas anuales para la trayectoria, lo que dificulta sobremanera la evaluación de la política fiscal.
En conclusión, dadas las particularidades del contexto en el cual nos encontramos, la Ley de Presupuestos del 2023 deberá satisfacer simultáneamente una serie de requerimientos, tanto respecto del nivel, como de la composición, de la flexibilidad, de la certidumbre y la transparencia, de forma de seguir avanzando hacia la consolidación fiscal y macroeconómica.
