En el marco de la gira por la región de Arica y Parinacota, el Presidente Gabriel Boric en compañía de la ministra del Interior, Izkia Siches, presentó el nuevo Plan Nacional de Seguridad Pública, una hoja de ruta con 33 medidas en el ámbito de la seguridad y que se guiará por 5 principios.
Lo anterior, según consigna el documento, con el objeto de diseñar políticas públicas destinadas a, entre otras cosas, disminuir la brecha y la desigualdad en el acceso a la seguridad pública; dotar a los municipios de mayores capacidades preventivas; fortalecer la articulación público-privada para que los recursos estatales estén donde más se los requiere y avanzar hacia una sociedad más fortalecida y cohesionada, en que las policías gocen de mayores recursos y legitimidad para una acción más efectiva en la prevención y control del delito.
Dentro de las medidas propuestas destacan: la creación del Ministerio de Seguridad Pública, avanzar en la Reforma a Carabineros, la regulación de la seguridad privada, elaborar un nuevo sistema de distribución de los recursos policiales, reformular la categoría de Delitos de Mayor Connotación Social y crear el Servicio Integral de Apoyo a Víctimas de Delitos.
Según el investigador del Programa Sociedad y Política, Daniel Rebolledo, resulta positivo que las actuales autoridades de gobierno, que hace tan solo meses fueron grandes críticos de la labor policial, hayan caído en la cuenta que estas instituciones necesitan de mayor legitimidad y recursos para garantizar la seguridad y el orden público, dos elementos claves para el buen funcionamiento de la democracia.
Asimismo, que se quiera dar continuidad a proyectos de ley presentados por la administración anterior, como lo es el Ministerio de Seguridad Pública y el fortalecimiento del rol preventivo de los gobiernos locales, junto a la intención de querer crear una Política Nacional de Seguridad Pública transversal para los próximos 10 años, son señales correctas en la medida que la seguridad debe ser una política de Estado y no de un gobierno en particular.
Pero a su vez, explica Rebolledo “es de extrañar que la reforma a Carabineros, que había sido elaborada de manera transversal por representantes de la sociedad civil y de distintas tendencias políticas y que, además, llevaba un avance del 34% al momento de asumir el presidente Boric, se haya puesto en pausa con el objeto de reformularse y rediseñarse a través de una nueva Unidad Consultiva cuya diferencia con el anterior Consejo para la Reforma no queda del todo clara”.
Por otro lado, agrega el investigador, preocupa que gran parte de este Plan Nacional esté compuesto por declaraciones de intención más que por medidas concretas y plazos para llevar adelante acciones que mejoren la seguridad pública en el país y atiendan la demanda ciudadana más urgente de este momento.
Por último, se hace necesario que este Plan pueda justificar de manera más robusta algunos de los supuestos en los que se basa, puesto que la evidencia presentada en el documento para, por ejemplo, señalar que el acceso a la distribución de la seguridad es desigual en el país y que dotar de una perspectiva de género a estas políticas hará de Chile un país más seguro, no es suficiente.
