Chile está presentando una compleja situación económica. Una de las consecuencias más directas de este escenario económico deteriorado es que el aumento de la inflación está afectando mayormente a los hogares con menores recursos, que en junio alcanzó una variación anual de un 12,5%, correspondiente a la mayor alza anual alcanzada desde 1994.
La inflación afecta en mayor medida a quienes tienen menos, ya que los más vulnerables destinan más de un 78% de su presupuesto a cubrir sus necesidades básicas. En esta línea, se debe tener en cuenta que los hogares más vulnerables no cuentan con los ahorros ni mecanismos necesarios para cubrirse ante el aumento del costo de la vida. Inflaciones altas y persistentes, independiente de su origen, se traducen en pérdida de poder adquisitivo para las personas, especialmente para aquellos de menores ingresos. Por otro lado, durante el último tiempo se ha presentado un importante aumento de las líneas de la pobreza, debido especialmente al aumento del valor de la canasta básica, variación que afecta mayormente a los más vulnerables.
Es por esta razón que, en abril el gobierno comenzó a pagar un subsidio a la canasta básica de alimentos (CBA). Este aporte se entrega a los causantes de una serie de programas focalizados en la población más vulnerable y se calculará mensualmente como la diferencia entre el valor nominal de la CBA con el valor del año anterior. En mayo de este año fue de $8.258.
Adicionalmente, entre una serie de medidas, esta semana el gobierno ingresó un bono especial de invierno de $120.000 para 7.554.077 personas, con un costo de $906.489 millones y que se pagará en agosto. Recibirán este bono:
- Los beneficiarios de los siguientes programas: causantes del SUF y de asignaciones familiares; beneficiarios del bono invierno; beneficiarios aporte previsional solidario de invalidez (APSI) o pensión básica solidaria de invalidez (PBSI); beneficiarios subsidio de discapacidad mental (SDM); y familias del subsistema "seguridades y oportunidades", por sus integrantes menores de edad, mayores de 60, quienes tengan dependencia moderada o severa, y quienes participen de programas de educación especial.
- Todos los hogares que no reciben los beneficios anteriores, pero son parte del 60% del RSH, por sus integrantes menores de edad, mayores de 60 años, quienes tengan dependencia moderada o severa, y quienes participen de programas de educación especial.
El costo fiscal de dicho bono, el cual representa un 0,3% del PIB, es posible de implementar gracias a los mejores resultados de la operación renta. Sin embargo, hubiese sido deseable que emanara de ajustes presupuestarios de programas ineficientes o mal evaluados, con el objeto de reducir el déficit fiscal. Por otro lado, se producen señales contradictorias por cuanto podrían generarse nuevas presiones inflacionarias, sin perjuicio que el ejecutivo estimó un efecto acotado.
A pesar de que estos beneficios pueden ser muy necesarios y urgentes para la situación actual, es necesario ir más allá del problema puntual y mejorar la política pública para apoyar a quienes están en situación de pobreza a través de mejorar los instrumentos para identificar a la población más afectada y también generar las condiciones económicas para disminuir la incertidumbre, promover la inversión, el emprendimiento para que se generen más y mejores empleos. Lamentablemente, las desaceleraciones económicas tienen un mayor impacto en los hogares con menos recursos y por ello es imperativo volver a crecer para que se generen las oportunidades especialmente para estos grupos.
En suma, medidas como estos bonos, sin duda ayudan a los hogares más vulnerables a mitigar los efectos derivados de la inflación, pero de manera transitoria y sin una solución de fondo. Es por esto que resulta fundamental implementar políticas públicas que fomenten el crecimiento y la creación de empleos formales: solo el crecimiento económico es capaz de generar empleos formales y duraderos, que permitan generar ingresos permanentes para la población en general y este grupo de personas.
