El Ejecutivo ingresó el proyecto de ley sobre financiamiento del transporte público remunerado de pasajeros que busca, de acuerdo a su título, establecer un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros (Boletín 15140-15).
El mensaje del proyecto de ley contextualiza la necesidad de este ingreso al Congreso no sólo por el plazo de vencimiento del subsidio transitorio y del subsidio especial adicional del sistema RED (ex Transantiago) contenido en el artículo tercero transitorio de la Ley N°20.378, sino también para enfrentar el estrés financiero del sistema de transporte capitalino producto de las sucesivas suspensiones de los reajustes tarifarios que ha determinado el Panel de Expertos, y por el menor ingreso producto de la caída de la demanda ante el aumento del parque automotriz y del trabajo remoto.
En el caso del sistema de transporte público regional también enfrenta las consecuencias financiaras del congelamiento tarifario, tanto el implementado por este gobierno como por la administración anterior. A ello se suma el aumento de los precios de los insumos necesarios para la operación de los sistemas de transporte público, producto de la inflación y el alza del precio internacional del petróleo.
Según explica la investigadora de LyD, Francisca Toledo, “lo principal del proyecto de ley es el exorbitante incremento del aporte permanente al sistema RED que al año 2024 se le estarán inyectando USD 300 MM extras anuales ($276.000 MM de pesos), sobre los USD 760,8 MM que hoy están destinados por la Ley de Presupuestos 2022 al sistema RED. Eso implica que el 2024, el Estado le estará destinando al transporte capitalino más de USD 1.000 MM anuales”.
Otro aspecto preocupante según Toledo, es que el Ministerio de Transporte está proponiendo que los recursos del FAR (Fondo de Apoyo Regional), más conocido como Fondo Espejo, que hasta la fecha sólo pueden ser destinados por los Gobiernos Regionales a proyectos de inversión relacionados o no con el transporte, puedan destinarse también a gastos asociados a la operación del transporte público regional. Es decir, un Fondo Espejo cuyas inversiones requerían contar con una rentabilidad social, ahora podrán destinarse a solventar gastos operacionales. Aspecto bastante amplio que podrían incluso ir a subsidiar, más allá del Subsidio Nacional al Transporte Público para regiones, tarifas o eventualmente “apoyos” o “bonos” a la operación. La evidencia muestra que los subsidios a la oferta de transporte pueden traducirse en una inflación de costos e ineficiencia si no se cuidan los incentivos, como ha ocurrido en el caso de Transantiago/RED.
Adicionalmente, surgen bastante interrogantes de si finalmente el Ministerio de Transporte implementará o no una estrategia de normalización tarifaria para desactivar el congelamiento. La impresión que queda al revisar el proyecto de ley, es que dicha estrategia será con cargos al Tesoro Público, y en el caso de las compensaciones a los operadores regionales de transporte público, con recursos del FAR. Es decir, se le podrían estar restando recursos a las tan necesarias inversiones que requieren las regiones, para financiar la operación de una red de transporte regional que ni siquiera cubren las regiones completas, principalmente sólo centros urbanos.
Según la experta, “el título del proyecto es bastante generoso con lo que realmente propone. Se lamenta que el Ministerio de Transporte no haya incorporado una estrategia para contener la evasión, tampoco propone un mecanismo de alzas de tarifas más gradual y parcial, que el actual que sólo pueden ser montos múltiplos de $10 pesos”.
De acuerdo a Francisca Toledo, el Ministerio de Transporte tiene los incentivos para salir a pedir más recursos, y no para destinar esos esfuerzos en bajar la evasión y lograr, con ajustes operativos, un sistema de transporte que deje de absorber recursos públicos sin control.
“Es de esperar que durante la tramitación legislativa se introduzcan obligaciones al Ministerio de Transportes para que sus incentivos estén alienados para resguardar los ingresos financieros del sistema mediante tarifas y no tocándole la puerta a Teatinos 120”, concluye la investigadora.
