NORMA TRANSITORIA QUE BUSCA CREAR LAS REGIONES DE CHILOÉ Y ACONCAGUA: ¿CADA VEZ MÁS REGIONES?

Esta semana el Pleno de la Convención Constitucional aprobó una norma transitoria[1] que mandata convocar, dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de la eventual nueva Constitución, dos consultas vinculantes que ratifiquen la creación de las nuevas regiones autónomas de Chiloé y Aconcagua. Considerando que la propuesta de nueva Constitución propone mutar hacia un Estado Regional, otorgándole amplios e importantes grados de autonomía a las “regiones autónomas”, y sin que quede claro cómo eso se compatibiliza con el rol del nivel central y el reconocimiento del “carácter único e indivisible del Estado”, cabe preguntarse si es oportuno seguir aumentando su número (pasando de 16 a 18), en vez de explorar alternativas diversas.

Así, podemos encontrar propuestas interesantes en esta línea, como la de transitar hacia un esquema de 5 o 7 macro regiones, lo que fue sugerido por el propio ex presidente Ricardo Lagos[2] hace unos años, así como por diversos centros de estudios[3]. Transitar hacia un esquema de macro regiones que agrupen zonas con rasgos y características similares -es decir, menos regiones, pero más grandes en cuanto a su extensión geográfica- permitiría contrarrestar en mayor medida la predominancia desmedida que históricamente ha tenido la Región Metropolitana. Por otro lado, regiones más grandes contribuirían a evitar problemas propios de entidades territoriales pequeñas, como lo son el caudillismo y la captura política del Estado. Adicionalmente, la existencia de menos regiones permitiría alivianar la burocracia que cada una de estas conlleva, disminuyendo el gasto fiscal asociado a su gobierno y administración.

Dicho esto, si bien la norma en cuestión responde a una iniciativa popular de norma[4] que superó el umbral de los 15 mil apoyos, no puede ser ese factor -de adherencia ciudadana- el único a considerarse para la creación de nuevas entidades territoriales. Por ejemplo, el apoyo ciudadano de los habitantes de esas regiones debe equilibrarse con el resto de los chilenos que deberá financiar con sus impuestos los costos que las nuevas regiones impliquen. Es por esto que el borrador constitucional establece que la creación o modificación de estas entidades debe atenerse a criterios objetivos (demográficos, culturales, económicos, geográficos, etc.)[5], de manera tal que su creación responda a estándares mínimos de necesidad y pertinencia. Asimismo, el borrador señala que la modificación de la división político-administrativa del país es materia de ley[6]; la que debe ser de concurrencia presidencial[7] y de acuerdo regional[8] (es decir, que también deben ser aprobadas por la Cámara de las Regiones). Por lo tanto, si bien la norma señala que, de aprobarse ambas consultas, la ley deberá implementar dichas regiones; estas “consultas vinculantes” forzarían al legislador a ejecutar dicho mandato, sin que ello responda necesariamente a estándares mínimos de pertinencia.

Recordemos que esta no sería la primera vez en el último tiempo que se crean nuevas regiones. El año 2007 se crearon las regiones de Los Ríos (Ley 20.174) y de Arica y Parinacota (Ley 20.175), mientras que el año 2017 se promulgó la Ley 21.033 que crea la región del Ñuble. En el caso de las regiones de Los Ríos y de Arica y Parinacota, a quince años de su creación aún no son evidentes los beneficios para sus habitantes, ni cuál fue su impacto en una mayor descentralización; mientras que sí observamos un aumento de la burocracia y del gasto fiscal. En tanto, en el caso de la región del Ñuble, un estudio encargado por la SUBDERE[9] estimaba, antes de su creación, en $224 mil millones los gastos adicionales que generaría para los contribuyentes; mientras que, en cuanto a los costos de funcionamiento, la Ley de Presupuestos del año 2022[10] le asigna más de $61 mil millones, equivalente, por ejemplo, a 3,5 veces el gasto del Estado en el Servicio de Evaluación Ambiental que evalúa todas las inversiones que se realizan en el país o cuatro veces el presupuesto del SERNAC.

En suma, esta norma transitoria preocupa, por un lado, porque contraviene los procedimientos establecidos en las normas de fondo de la misma propuesta constitucional, estableciendo un verdadero atajo para la creación de estas dos nuevas regiones.  Pero, por otro lado, lo que pareciera ser aún más preocupante, es que, con la creación de cada vez más regiones, avanzamos hacia un camino -aparentemente irreversible- que nos llevará, no a la anhelada descentralización, sino hacia una mayor atomización territorial, fragmentación política y burocracia estatal; elementos que de nada ayudan para enmendar nuestro excesivo centralismo.

[1] Artículo vigésimo tercero transitorio: “Dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de esta Constitución, se convocará a dos consultas vinculantes e independientes entre sí, una en las comunas pertenecientes a la provincia de Chiloé y la otra en las comunas pertenecientes a las provincias de San Felipe, de Los Andes y de Petorca, con el objeto de ratificar por parte de la ciudadanía la creación de la Región Autónoma de Chiloé y la Región Autónoma de Aconcagua.

La cédula electoral contendrá la pregunta: “¿Usted aprueba la creación de la Región Autónoma de Chiloé?” y “¿Usted aprueba la creación de la Región Autónoma de Aconcagua?”. Cada una con dos opciones: “Apruebo” o “Rechazo”.

Las consultas serán organizadas por el órgano electoral competente y su calificación será realizada por el tribunal electoral.

Si la cuestión planteada en cada una de estas consultas fuere aprobada por la mayoría de los sufragios válidamente emitidos, el Poder Legislativo deberá expedir, en el plazo de dos años, una ley para la implementación de las Regiones Autónomas de Aconcagua y de Chiloé, previa consideración de los criterios establecidos en el artículo 143 [ID 427], sobre creación de entidades territoriales.”

[2] En un seminario organizado por la Universidad de Talca el año 2017, el ex mandatario realizó una crítica a la constante división territorial que Chile ha tenido y aseguró que el desafío está en agrupar zonas con similares rasgos productivos y geográficos: “Creo útil que Chile piense en macro regiones con características comunes”. Para más información ver: https://www.fdd.cl/2017/08/28/ex-presidente-ricardo-lagos-propuso-potencia-el-desarrollo-del-pais-en-base-al-trabajo-de-macro-regiones/

[3] La Fundación Piensa presentó una propuesta en este sentido al comienzo del proceso constituyente: https://www.fundacionpiensa.cl/inicio/macrorregiones-una-propuesta-para-el-proceso-constituyente/

[4] Iniciativa Popular de Norma N°6.466: https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=6466

[5] Numeral 143 Inciso 3° del Borrador de nueva Constitución: “La creación, modificación, delimitación y supresión de las entidades territoriales deberá considerar criterios objetivos en función de antecedentes históricos, geográficos, sociales, culturales, ecosistémicos y económicos, garantizando la participación popular, democrática y vinculante de sus habitantes, de acuerdo con la Constitución y la ley.”

[6] Numeral 26 del Borrador de nueva Constitución: “Sólo en virtud de una ley se puede: f. Establecer o modificar la división político o administrativa del país”.

[7] Numeral 30 del Borrador de nueva Constitución: “Son leyes de concurrencia presidencial necesaria: c. Las que alteren la división política o administrativa del país”.

[8] Numeral 32 del Borrador de nueva Constitución: “Sólo son leyes de acuerdo regional (…) las que establezcan o alteren la división político-administrativa del país”.

[9] Estudio disponible en: https://www.goredenuble.cl/sites/default/files/documentos/informe_final_nuble.pdf

[10] Disponible en: http://www.dipres.gob.cl/597/articles-257457_doc_pdf.pdf