En la Cuenta Pública realizada ayer, el Presidente Gabriel Boric anunció un incremento en el monto de la PGU,  desde los $ 185.000 a $ 250.000 para todos quienes tengan 65 años o más.

La creación de la PGU significó un punto de inflexión en nuestro sistema de pensiones, por cuanto estableció una pensión mínima sobre la cual se suman los ahorros personales obligatorios y voluntarios, obteniéndose como resultado siempre una pensión más alta. Actualmente, este beneficio, que reemplazó al pilar solidario de vejez, se otorga a quienes tengan 65 años o más, que no pertenezcan al 10% más rico de la población de esa edad, entre otros requisitos. De acuerdo a datos de la Superintendencia de Pensiones, al mes de abril recién pasado hubo 1.349.790 beneficiarios de PGU, quienes vieron mejoradas sus pensiones autofinanciadas gracias a este beneficio. Los recursos asignados para financiamiento de la PGU se ubicarían en torno a 1,6% del PIB en 2022, ubicándose en torno a 2,3% en 2050[1], dónde esta cifra es 1 punto porcentual mayor al gasto que se tenía proyectado de pilar solidario a ese año. El mayor gasto que generó la creación de la PGU estaría financiado por un conjunto de medidas que reducen o eliminan exenciones tributarias, además de un aporte proveniente del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) no superior al 0,1% del PIB del año anterior.

De acuerdo a lo anunciado, se beneficiará a todos los mayores de 65 años y se aumentará la PGU a $ 250.000, por lo que el gasto fiscal involucrado es aún mayor, pudiendo ubicarse en torno a $ 16.255.000 millones, unos USD$ 20.000 millones, lo que equivale a 3,5%-4% del PIB en 2050, favoreciendo a cerca de 5.418.000 personas.

Según la Economista de LyD, Ingrid Jones, lo anterior “es un costo adicional para el Estado de hasta 1,7 puntos porcentuales adicionales respecto del gasto de largo plazo que actualmente se tiene considerado, por lo que es fundamental garantizar su adecuado financiamiento y sostenibilidad del beneficio”.

Las cifras recién descritas dan cuenta de que parte importante de los recursos que recaudaría una reforma tributaria serán destinados a financiar el incremento de este beneficio, por lo que se mantiene la incertidumbre sobre cómo se financiará la mejora a las pensiones de los pensionados actuales y el resto de mejoras en temas de salud, educación y vivienda, por nombrar algunos. Finalmente, se debe tener presente que no se cuenta actualmente con una evaluación del impacto que tiene la PGU sobre la sustentabilidad del FRP, por lo que el incremento de la PGU coloca mayores presiones fiscales para el financiamiento de beneficio sobre todo en el largo plazo.

Finalmente es necesario considerar que la universalidad de la PGU, fortalece el primer pilar del sistema de pensiones existente, que es el solidario. A marzo de este año, del total de recursos destinados al pago mensual de pensiones, el 57% corresponde a pago por PGU y pensión básica de invalidez y aporte solidario de invalidez, financiadas con recursos fiscales, mientras que el 43% restante corresponde a pago de pensiones autofinanciadas a partir de los ahorros de los trabajadores. Es decir, el sistema de pensiones chileno cuenta con un fuerte componente solidario en su base, el que sumado a los aportes realizados al sistema contributivo y al ahorro voluntario, permite alcanzar mejores pensiones.

[1] Considerando crecimiento anual del PIB de 2,5% a lo largo del horizonte de proyección.