“DERECHO A MIGRAR” EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN

El viernes recién pasado, la Comisión de Principios Constitucionales aprobó en particular tres normas, sobre uno de los temas que más preocupan a los chilenos, la migración hacia nuestro país.

Una de las normas que se votarán es la que establece el derecho a migrar, que de ser aprobada nos hará retroceder respecto a la legislación recientemente promulgada y que se encuentra en proceso de implementación.

Los convencionales proponen al pleno consagrar el derecho a migrar de acuerdo con el siguiente texto: “Toda persona tiene derecho a migrar desde y hacia Chile con sujeción a la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. La regulación de este derecho se realizará por ley. No se identificará ni se considerará a ninguna persona como ilegal por su condición migratoria.

El Estado, a través de sus órganos y de las políticas migratorias, deberá respetar, garantizar y promover los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana sobre la base de los principios de igualdad, universalidad, perspectiva de género, enfoque diferenciado, inclusión y unidad familiar.

Se encuentran prohibidas las expulsiones colectivas. Toda medida de expulsión debe ser el resultado de un análisis razonable y objetivo del caso individual de cada persona, con pleno respeto a las garantías del debido proceso, el derecho a tener la colaboración de un intérprete y a contar con asistencia consular.”

El primer inciso de este artículo pretende que una construcción académica – derecho a migrar- preferentemente apoyada por parlamentarios de izquierda, que ni siquiera está recogida en el Glosario de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dependiente de las ONU, sea parte de nuestro orden constitucional. Esta disposición generará de ser aprobado, una eliminación total de las barreras de ingreso al territorio nacional, al reconocer como derecho que todo extranjero puede entrar y permanecer en nuestro país.

Si bien en la redacción de este artículo se condiciona este derecho a la “Constitución y a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, esto no tiene asidero porque en el caso de la constitución será este mismo artículo el que genera la falta de control fronterizo y, en el caso de los tratados internacionales ratificados por nuestro país, no existe una referencia respecto a la renuncia del país a establecer criterios y controles de ingreso de los extranjeros a Chile. En adición, este derecho, de emigrar hacia un país no está reconocido ni en la Declaración Universal, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos o en la Convención Internacional Sobre La Protección De Los Derechos De Todos Los Trabajadores Migratorios Y De Sus Familiares. Cada una de ellas, define, de una u otra forma, la facultad de los Estados para regular el ingreso, egreso y estadía de los extranjeros en su territorio, por supuesto con respeto a sus derechos humanos y a la igualdad ante la ley.

Por otra parte, su consagración constitucional como derecho fundamental, deja poco margen a las limitaciones que la ley establezca, ya que siempre podrán ser consideradas como una afectación al “derecho a migrar” en su contenido esencial, establecido en la propuesta de texto de nueva constitución, lo que llevará al permanente pronunciamiento del Tribunal Constitucional y la JusticIa chilena.

Asimismo, esta propuesta tiene problemas de extraterritorialidad, lo que es banal, pues la migración desde Chile no podría ser ejecutada si un tercer Estado no está obligado a recibir en su territorio a un nacional chileno.