Esta mañana tuvimos el primer taller social del año: “Evaluación del gasto en ayudas sociales en pandemia”, donde Raphael Bergoeing, presidente de la Comisión Nacional de Productividad (CNP), presentó los resultados de un estudio realizado por dicha comisión. En éste se evaluó la eficiencia y eficacia del gasto social destinado a contener la pérdida del ingreso en los hogares producto de la emergencia sanitaria a partir del Covid-19.
En el estudio se consideró poco eficiente si la entrega de los beneficios recayó en hogares que no lo necesitaban o los montos eran mayores a los pertinentes. En tanto, definió que la efectividad disminuyó en la medida que hogares que requerían ayudas no recibieron o los montos que recibieron eran muy menores a los necesarios. Así, en 2020 las ayudas se concentraron en los hogares con menos recursos y que disminuyó la efectividad del gasto en 2021, dado que en ese año se ampliaron los criterios de elegibilidad de los programas. A su vez, estima un exceso de gasto social cercano a los $2 mil millones de dólares, lo que equivale al 5,9% de las transferencias entregadas.
Sin duda, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue uno de los mayores apoyos para las familias y fue muy importante para quienes se vieron afectados por la suspensión de actividades y pérdida de empleo durante la pandemia. Pero adicionalmente, la evaluación muestra que las dificultades para poder llegar a la población elegible llevaron a extenderlo más allá de lo prudente, favoreciendo a personas que no habían experimentado una caída en sus ingresos. Es evidente que ambas situaciones conllevan costos: por un lado, el de excluir a personas que requieren del apoyo del Estado, y por el otro, de gastar más recursos de lo prudente y favorecer a quienes no lo necesitaban.
A partir de este estudio es posible discutir con cifras sobre la conveniencia de reducir o extender la población elegible para ayudas de este tipo, así como la importancia de contar con buenos instrumentos para identificar a los beneficiarios.
