PROYECTO DE LEY QUE ENDURECE SANCIONES A QUIENES INCENDIEN LUGARES DE CULTO AVANZA A SEGUNDO TRÁMITE

Por una amplia mayoría, que reunió a 35 senadores de todos los sectores políticos, esta semana se aprobó en el Senado, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que endurece la pena a quienes incendien lugares de culto religioso.

Esta iniciativa, que ahora debe discutirse en la Cámara de Diputados, propone modificar el artículo 476 del Código Penal para incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso. De aprobarse en esta instancia, se aplicaría la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados, que van de 5 años y un día a 20 años, a todos quienes cometan estos ataques.

El proyecto fue presentado por los senadores Carmen Gloria Aravena, Juan Castro, Francisco Chahuán y José García Ruminot en noviembre del 2020 como respuesta al incendio de dos iglesias católicas muy relevantes, tanto por su valor patrimonial como por su valor religioso: la capilla de Carabineros San Francisco de Borja y la Parroquia Patrimonial Asunción. A estos casos se suman los innumerables ataques incendiarios  en la macrozona sur  que, desde el 2016, han afectado  a templos en las comunas de Ercilla, Angol, Victoria, Villarrica, Padre las Casas, Freire y Puerto Saavedra, entre otras.

Resultan valorables estas señales de unidad y consenso de los senadores al momento de discutir temas tan sensibles como lo es la violencia y el vandalismo, sobre todo en un contexto en el que estos mecanismos están siendo validados, o no del todo condenados, por algunos sectores de la sociedad. Antecedentes que se suman, además, a la ambigüedad mostrada por el Gobierno en esta materia, reflejada en el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado y la suma urgencia otorgada al proyecto de indulto a presos del estallido social.

Sería provechoso que el mismo espíritu de unidad y consenso permeara también la discusión aún pendiente de cómo enfrentar al creciente fenómeno del terrorismo en nuestro país que hoy nos sitúa en el puesto número 18 del Global Terrorism Index 2022. Mientras esto no ocurra, agravar las penas de los delitos que se cometen durante los actos terroristas parece ser una buena estrategia a mediano plazo.

Cabe señalar, por último, que sólo votaron en contra de esta iniciativa los senadores del Partido Comunista Claudia Pascual y Daniel Núñez y la senadora independiente Fabiola Campillai.