RESPETAR LAS REGLAS

El pasado lunes, en el contexto del segundo aniversario del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, la Mesa Directiva de la Convención (CC) remitió un oficio al Congreso solicitando una serie de reformas constitucionales y legales para poder implementar los mecanismos aprobados en los reglamentos. En concreto, solicitan se ingrese una reforma constitucional que habilite la realización del plebiscito dirimente y los cambios legales indispensables para su realización. Además, piden se ingresen las reformas necesarias para la declaración de feriados nacionales para las Jornadas Nacionales de Deliberación, para disminuir la edad para poder sufragar, entre otras solicitudes.

Aun cuando con el oficio la CC reconoce que son los legisladores los que deben resolver la cuestión, el documento es una señal preocupante, toda vez que muestra a una Convención empecinada en alterar las reglas del proceso constituyente, para que éstas se adecúen a su voluntad, expresada en los reglamentos aprobados por ella, en circunstancias que la adecuación debería ser al revés. Así, el gesto de reconocer competencia al Congreso se ve prontamente empañado, puesto que se le indica a la Cámara de Diputados que se espera que “habilite el correcto funcionamiento de este órgano constituyente”, implicando que sin esas reformas no podría funcionar “correctamente”. Esto último no se condice con la realidad. La CC funciona y puede seguir funcionando sin que el Congreso deba hacer nada al respecto. El Congreso Nacional es un poder del Estado independiente llamado a razonar y deliberar sobre la conveniencia de las solicitudes presentadas por la CC, sin responder a las presiones de la misma.

En particular, sobre el plebiscito dirimente, además de vulnerar las reglas del proceso constituyente, no se trata de un buen mecanismo para resolver las controversias al interior de la CC, ya que desincentiva la búsqueda de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas ahí representadas, sustrayendo el debate del espacio destinado a ello y traspasándolo a la ciudadanía. Pero, además, reduce asuntos de alta complejidad a respuestas binarias -eliminando las deliberaciones y el diálogo propio de una sociedad democrática-, polarizando a la ciudadanía y extremando las posturas. En este sentido, un claro ejemplo se vivió en el Reino Unido y la época del Brexit. La “verdadera participación ciudadana” termina siendo finalmente una participación atomizada, reducida a una intervención completamente anónima en la que el ciudadano es obligado a asentir o renegar aquello que se plantea sin siquiera poder reflexionar o justificar su postura, imponiendo finalmente, la tendencia de mayorías circunstanciales condicionadas por el momento en que se realiza la votación. Por último, nuevamente vemos como la CC busca incrementar los costos del proceso constituyente de forma completamente injustificada, solicitando, además, al Congreso que legisle sobre materias que son de exclusiva iniciativa presidencial.

Es momento de que la Convención se aboque a cumplir con su mandato respetando la normativa vigente al efecto y no pretenda que otros órganos legislen a su conveniencia.