PESE A UN RETROCESO, CHILE CONTINÚA LIDERANDO EN LATINOAMÉRICA EN MATERIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD

  • El Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI por sus siglas en inglés) ubica a nuestro país la posición número 31 entre 129 países. Pese a retroceder tres lugares en el ranking con respecto al año pasado, a nivel latinoamericano, Chile ocupa el primer lugar.

Chile se ubica en el lugar 31 (puntaje de 6,6) de entre 129 países y primero a nivel latinoamericano, según el Índice de Derechos de Derechos de Propiedad (International Property Rights Index, IPRI) correspondiente a 2021 dado a conocer hoy.

Este resultado refleja una caída de tres lugares en el ranking en comparación a 2020 (28) y también una reducción en el puntaje global del país (de 6,973 a 6,6) y de todos sus componentes.

El ranking se encuentra liderado por Suiza (8,1), Singapur (8,1) y Nueva Zelanda (8,1). En tanto, los últimos países en el listado son Haití (2,6), Venezuela (2,7) y Yemen (3,0).

El Índice, que mide la fortaleza de los derechos de propiedad sobre bienes corporales, pero también incorporales -propiedad intelectual- y el entorno legal y político que los contiene, es realizado por Property Rights Alliance con la cooperación de 124 think tanks de 70 países del mundo, entre ellos Libertad y Desarrollo.

El International Property Rights Index (IPRI) se mide en una escala de 0 a 10, donde 10 es el valor más alto (más derechos de propiedad) y el 0 el más bajo. Esta lógica se aplica a cada uno de los componentes.

La información para su elaboración se obtiene a partir de fuentes oficiales puestas a disposición del público por organizaciones internacionales reconocidas, tales como el Banco Mundial, el World Economic Forum y Naciones Unidas.

El IPRI se construye a partir de 10 factores reunidos bajo 3 componentes: Ambiente Legal y Político (Legal and Political Environment, LP), Derechos de Propiedad Física (Physical Property Rights, PPR) y Derechos de Propiedad Intelectual (Intellectual Property Rights, IPR).

Como promedio, la muestra de los 129 países mostró una puntuación de 5,60, donde el Entorno Legal y Político (LP) fue el componente más débil, con una puntuación de 5,08; seguido por el componente de Derechos de Propiedad Intelectual (IPR), con una puntuación de 5,24. Los derechos de propiedad física (PPR) fue el componente más fuerte, con una puntuación de 6,48.

Según la economista Sary Levy-Carciente, autora de IPRI, un marco de propiedad intelectual sólido incluye “intercambio de conocimientos, participación en tecnología, acuerdos de licencia, demanda de mejores contratos, definición clara de los derechos de propiedad intelectual, promoción de un ecosistema común e intercambio de esfuerzos y recompensas”. Los derechos de propiedad intelectual son la clave para desbloquear los potenciales ocultos de la sociedad en tiempos difíciles.

En tanto, según la Directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, Natalia González, “El derecho de propiedad es un derecho fundamental reconocido por la Constitución actual y por la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el contexto de la discusión que se lleva a cabo en nuestro país, es de la mayor relevancia no sólo que la propuesta constitucional reconozca este derecho, sino que ampare su ejercicio y le brinde una protección robusta. Junto con el derecho a emprender, en una economía de mercado o social de mercado es fundamental que el derecho de propiedad esté protegido y garantizado, ya que ello posibilita el progreso y el desarrollo integral de las naciones, siendo un pilar fundamental de una sociedad libre y del progreso y bienestar de la población. Asegurar a las personas y cuerpos intermedios de la sociedad el derecho de propiedad sobre los frutos de su trabajo genera los incentivos correctos en términos de esfuerzo e inversión, pues se garantiza que no podrán ser indebidamente apropiados o explotados por terceros”.

González agregó que “En último término, la protección de los derechos de propiedad proporciona a las personas una importante defensa ante el poder que detenta el Estado. Sin derecho de propiedad y sin la certeza jurídica asociada al mismo, la materialización de las inversiones necesarias para iniciar un negocio o proyecto productivo no sería posible por el temor a que posteriormente sean expropiadas arbitrariamente y sin compensación alguna. No es de extrañar, por las razones antes referidas, que en prácticamente todas las constituciones del mundo se reconozca y ampare el derecho de propiedad, reconociendo, algunas de ellas, la limitante derivada de la función social de la propiedad y la posibilidad de que el Estado expropie y pague previamente un precio justo por ello”.

VER REPORTE COMPLETO