Actualmente se discute en el Congreso la entrega de una Renta Básica Universal de Emergencia para aliviar las consecuencias económicas en las familias que han presentado restricciones que han afectado el libre desarrollo de sus actividades por motivo de la pandemia.

"Cuando se quiere hacer que un beneficio sea universal e incondicional, se tiene el problema de tener un costo fiscal muy elevado, lo que atentaría contra la sustentabilidad fiscal, en desmedro de los sectores que necesitan más apoyo", explica Rodrigo Troncoso, Director del centro de Datos de LyD.

Por ejemplo, si se quisiera hacer llegar el monto que significa la línea de la pobreza por persona equivalente (el de un hogar con una persona) de $176.625 por todo un año, esto tendría un costo aproximado de US$ 58.000 millones, lo que equivaldría a todo el gasto público de 2019, año sin pandemia. El costo mensual sería de unos US$ 4.800 millones.

Se debe tener en cuenta que el gasto fiscal es sensible tanto a la población definida como beneficiaria, así como al monto que se quiera entregar. Una propuesta es que se llegue al 100% del Registro Social de Hogares (RSH) por el monto de $176.625 en vez del $100 mil que considera el Ingreso Familiar de Emergencia, aduciendo que correspondería cubrir el monto que determina línea de la pobreza para una persona.

No obstante, es importante considerar que a medida que aumenta el número de integrantes de un hogar, este monto va decreciendo ya que según la definición oficial de pobreza se busca determinar posibles economías de escala que presentan los hogares.

También se debe tener en cuenta que ya en 2020 el RSH contenía a cerca del 73% de la población en Chile, pero prácticamente no existen restricciones para que cualquier hogar de Chile pertenezca al RSH, independiente de sus ingresos demostrables como lo son los formales. Por lo que de entregarse un beneficio independiente del ingreso es esperable que el registro aumente a cerca del 100% de la población, lo que en la práctica significaría entregar un beneficio que se va a financiar a costa de restringir severamente el gasto social futuro.

"En una situación de crisis como la actual es evidente que se tienen que tomar medidas extraordinarias, para no dejar de lado a ninguna familia que se haya visto perjudicada por las restricciones tomadas para evitar el colapso del sistema de salud. Sin embargo, tampoco parece aconsejable entregar beneficios sin condición alguna, que lleguen a una mayoría que quizás no los necesite, ya que el costo que esto tiene limita severamente las ayudas que se puedan entregar a las familias de menores recursos o aquellas más severamente afectadas", dice Troncoso.