Ad portas de aprobarse en el Congreso el tercer retiro desde los ahorros previsionales, cabe hacerse la pregunta de por qué una política pública como esta, respecto de la cual hay unanimidad que es negativa, dado el daño previsional que genera, sigue su curso legal.

Los que la defienden en el Congreso insisten en repetir “porque el Gobierno no ha hecho nada” o bien, “el Gobierno llega tarde y con poco”. De más está decir que nadie define qué es “suficiente” y qué es “a tiempo”. Así como tampoco nadie se hace cargo de la principal crítica, en cuanto a que los que dicen buscar ayudar con esta medida, no serán beneficiados con ella.

De acuerdo a la última información disponible, el 28% del total de afiliados ya no cuenta con fondos en sus cuentas personales (casi 3 millones de personas) y, por ende, esta reforma no les da acceso a nuevos ingresos. De los que todavía cuentan con recursos, un 62% se encuentra cotizando en el sistema, mientras que el restante 38% no ha tenido movimiento al menos en el mes anterior. De esta manera, del total de recursos que se pudieran retirar, el 70% corresponde a personas que si se encuentran cotizando en el sistema, por lo que cuentan con ingresos formales.

Así, abrir la posibilidad de un tercer retiro desde los fondos de pensiones beneficia hoy a quienes cuentan con una fuente de ingreso. Es decir, esta no es una forma de ayuda universal, ya que precisamente quienes requieren ayuda porque no cuentan con ingresos formales, en su gran mayoría no lo recibirán a partir de esta reforma constitucional. Más bien beneficia a quienes hoy mantienen su trabajo y sobre todo a quienes cuentan con ingresos altos, ya que no deberán pagar impuestos por los fondos retirados, recursos que tampoco pagaron impuestos cuando fueron generados.

Entonces, si toda la evidencia es contraria al objetivo que se quiere alcanzar, ¿por qué se insiste con ella? Cuando la política cae en la demagogia no hay programa de ayuda que pueda contrarrestarla.

Si a los dos primeros retiros de fondos se suma este eventual tercer retiro, en total se podrá haber retirado del orden de los US$ 55.000 millones en estos últimos 10 meses. Ello representa el 71% del gasto público total comprometido para este año; cuatro veces más del costo fiscal del programa de Ingreso Familiar de Emergencia y de los apoyos a la clase media; y 60 veces más de lo que el año 2019 (año sin pandemia) se transfería en forma directa a las familias mas vulnerables del país en el marco de la política social.

Si el objetivo último de esta reforma fuese realmente el apoyar a aquellos que no han podido acceder a recursos a través de otros programas del Gobierno, o bien que éstos no hayan sido capaces de hacer frente a la caída de ingresos que han debido enfrentar, entonces al menos esta reforma debió haber excluido a quienes hoy mantiene cotizaciones vigentes (que es la mayoría), que no han tenido una caída en sus ingresos y haber sido afecta a impuestos. Por ello, queda de manifiesto que mas que la real intención de entregar apoyo a quienes han debido enfrentar una caída en sus ingresos, ha primado la demagogia. Frente a ello, desde las políticas públicas hay poco que hacer.