PROPUESTA DE REFORMA PREVISIONAL: IMPUESTO AL TRABAJO

El Gobierno impulsará nuevamente la reforma previsional que se encontraba por más de un año estancada en el Congreso. Ésta había sido aprobada por un estrecho margen por la Cámara de Diputados en enero del año pasado y ahora se encuentra en su segundo trámite en el Senado.

Esta reforma, que ya ha sido modificada en varias oportunidades durante su tramitación en la Cámara de Diputados, establece, entre otros aspectos, un aumento de la tasa de cotización desde el actual 10% a un 16%, pero destina el 6% nuevo en un 3% a cuentas individuales, pero administradas por un nuevo organismo que se viene creando y el otro 3% a financiar beneficios previsionales para quienes cumplen con determinados requisitos mínimos de años de cotización.

Adicionalmente a lo que se venia tramitando desde la Cámara, se establece un aumento en el monto de las pensiones entregadas en el marco del Pilar Solidario de nuestro sistema de pensiones, así como también una ampliación de su cobertura, pasando del actual 60% de los hogares de menores ingresos al 80%.

En término generales hay tres aspectos a destacar: retomar con fuerza la idea de avanzar con una reforma; profundizar el Pilar Solidario de nuestro sistema mixto de pensiones por medio de mayores recursos recaudados por impuestos generales; y, por último, objetivar la discusión en cuanto a qué entendemos por pensión en nuestro país y fijar un monto mínimo para ello. Luego de 30 años de cotización la pensión mínima debiera ser el salario mínimo.

Pero la reforma mantiene algunos cambios con los cuales no estamos de acuerdo y otros que creemos que se deben incorporar.

  1. En la práctica se viene creando un impuesto al trabajo, al no destinar el 100% de la mayor cotización a cuentas de ahorro individuales de los afiliados. El trabajador debe ser dueño de la totalidad de sus cotizaciones previsionales, y en este caso una parte de la cotización será destinada a pagar beneficios a otros trabajadores.
  2. No se permite al afiliado elegir quién administra su 3% de cotización adicional. Hoy, por un tema ideológico se nos ha privado de la opción de elegir, obligándonos a destinar más recursos en el pago de una comisión adicional para la administración de esta mayor cotización. Con ello deberemos pagar dos comisiones en vez de una.
  3. Se debe vincular la edad de jubilación y/o futuros aumentos de la tasa de cotización a cambios en la expectativa de vida. Luego de 40 años desde la reforma inicial, el sistema político no ha sido capaz de ajustar los parámetros estructurales que ya quedaron obsoletos hace más de una década. No podemos esperar otros cuarenta años para ajustes futuros. Por ello debe incorporarse un mecanismo de adecuación que no requiera cambios legales.
  4. Por último, se debe incluir una cláusula de ajuste automático a los beneficios que se financian con el fondo que se crea a partir del impuesto al trabajo del 3%, el mal llamado Programa de Ahorro Colectivo y Solidario. Hoy no queda claro que sucede si finalmente los recursos de este programa no son suficientes para pagar los beneficios que se comprometen. ¿Se ajustan los beneficios? ¿El Fisco se compromete a un mayor aporte fiscal?

Para Bettina Horst, Directora de Políticas Públicas de LyD, “la tramitación de la reforma en el Congreso se ve compleja. Un año electoral en el cual se eligen casi el 100% de nuestras autoridades políticas lo hará más difícil aun y con una oposición muy fragmentada -tenemos parlamentarios que suscriben la idea de expropiar los fondos ahorrados en el sistema previsional, mientras que otros insisten en terminar con los ahorros mediante retiros reiterados- estamos frente a una realidad política difícil.  Pero a pesar de ser un año complejo y contar con una oposición sin un proyecto compartido, el Gobierno no puede quedarse de brazos cruzados”.

Finalmente, explica la economista, “cabe recordar que el proyecto que hoy impulsa el Gobierno es una iniciativa que ya se había acordado previamente con al menos parte de la oposición y no es el proyecto que inicialmente representaba al Gobierno. Al inicio de la tramitación de la reforma previsional, al igual que la mayoría de la ciudadanía, el Gobierno apoyó la idea que el 100% de la mayor cotización ingresara a las cuentas de ahorro personales y que todo beneficio previsional para quienes cotizan menos durante su vida laboral, se financiara con impuestos generales. A raíz de las negociaciones con la oposición y en la búsqueda de llegar a un acuerdo, el Gobierno aceptó la creación de un impuesto al trabajo”.